Enero 22 2007 La eutanasia al Seguro Social

Tomado de Semana On Line

La intervención del gobierno de la EPS pública plantea varios interrogantes: ¿Cómo se llegó a esta situación?, ¿fue oportuna?, ¿es una buena opción?

Esta podría ser la historia clínica de la más grande empresa de salud del país.


Nombre del paciente: Instituto del Seguro Social (ISS)

Fecha de nacimiento: 1946

Síntomas: Atención ineficiente e inoportuna de los pacientes

Las inquietudes de los usuarios

Origen del mal: Corrupción, alta dosis de politiquería, mala administración y un sindicalismo miope que le fueron administrados prácticamente desde pequeño

Diagnóstico: Burocritis aguda

Tratamiento sugerido: Buscarle una muerte digna

Ante semejante dictamen, en el gobierno a cada uno le tocó hacer lo suyo. El presidente Álvaro Uribe ofició como sacerdote que, con el anuncio de querer liquidar el Seguro, era como si le estuviera imponiendo los santos óleos a la entidad. El ministro de Protección Social, Diego Palacio, fue el médico de turno al que se le acabaron los paliativos y ahora tiene que inducir su muerte (no puede acabarlo, pues la ley impide su liquidación). Y la tarea más ingrata, la del político José Renán Trujillo, hoy superintendente nacional de Salud, a quien le correspondió desconectar los aparatos que le daban una vida artificial al paciente. Esto sucedió el lunes pasado, cuando anunció que por falta de capacidad financiera, le retiraba la licencia de funcionamiento a la entidad, lo que le impide afiliar más personas.

En esencia, el tratamiento aplicado para buscar que la entidad lentamente descanse en paz consiste en reestructurarla, separando las administradoras de riesgos profesionales (ARP) y de pensiones del negocio de la salud, es decir, de la Empresa Promotora de Salud (EPS), que es la que más líos tiene. El primero irá a manos de La Previsora, la aseguradora del Estado. Las pensiones quedarán, mientras se reforma la ley, en el antiguo ISS. Mientras la EPS pasará a una entidad nueva en la que seis cajas de compensación familiar (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfandi y Comfenalco Valle y Antioquia) tendrán el 50 por ciento más una acción, y La Previsora, el restante.

Pese a lo intempestivo, el anuncio no causó tanta sorpresa. La dramática situación del ISS se conocía hace años. Casi sin excepción, los gobiernos que tuvieron a cargo el Seguro aportaron a este desenlace.

La época de abundancia de inicios de los años 90, cuando la entidad llegó a los ocho millones de afiliados, se administró mal. Hicieron su agosto políticos y funcionarios corruptos ante la impotente mirada de miles de trabajadores comprometidos con la entidad. Con 40.000 empleados fue quizás el mayor fortín burocrático del país, a la par que sus sindicatos lograban prebendas absurdas vía convención colectiva.

A finales de la década, una sanción por la demora en sus pagos y deficiente servicio provocaron una desbandada de 2,5 millones de afiliados -la mitad de los que tenía en ese momento-, que se fueron a las EPS privadas. La reacción del gobierno de Andrés Pastrana tardó dos años, pero el ISS estaba herido de muerte. Además, quedó con la pesada carga de más de 44.000 pacientes de los llamados de alto costo, por ser los de más edad o de enfermedades como cáncer y sida.

La estocada final vino de medidas que paradójicamente buscaban salvarlo. Como la escisión de las clínicas de la aseguradora. La idea era que la EPS se especializara en asegurar y las clínicas y hospitales (IPS) se dedicaran a atender la gente. Para esto se organizaron siete Empresas Sociales del Estado (ESE).¿Por qué salió el tiro por la culata? Porque la politiquería se coló en las nuevas entidades. La burocracia se instaló en ellas y hubo irregularidades en contratación. El año pasado, por ejemplo, por esa razón fue liquidada la ESE José Prudencio Padilla, que atendía la Costa Atlántica.

A pesar de que la fórmula para las ESE no funcionó para salvar el Seguro, sí le permitió al gobierno reducir su nómina (hoy tiene cerca de 6.000 empleados) y debilitar el otrora poderoso sindicato. Todo esto facilitó las medidas tomadas la semana pasada.

¿Se hizo a tiempo? ¿Los ajustes ahora sí serán su tabla de salvación? El Ministro de Protección Social dijo a SEMANA que diferentes situaciones jurídicas les dificultaban actuar antes. La inquietud es que esos dos años de funcionamiento de las ESE sirvieron de contentillo a gamonales políticos en las regiones, algunos hoy investigados por supuestos vínculos con grupos ilegales. Palacios es enfático en decir que el gobierno ha liderado las investigaciones por corrupción en estas entidades y no le ha temblado la mano para sancionarlas.

Por ahora la alianza con las cajas de compensación ha sido de buen recibo. Tienen imagen positiva en calidad de servicio y transparencia, los dos temas que más expectativa generan de la nueva entidad.

Esto es un buen punto de partida si se respeta el acuerdo que existe con el gobierno de que ellas tendrán la administración de la nueva entidad. Pero las cosas pueden no ser tan fáciles para el gobierno. A pesar de que el anuncio se hizo en un momento en que el Congreso no está reunido, para evitar la presión política, ya se escucharon voces que le exigían al Presidente revisar el acuerdo con las cajas. Aducían el carácter público que debería primar en la nueva entidad. Sin embargo, en muchos quedó el tufillo de que el interés real era por la burocracia que pierden con la nueva EPS. La reacción de las cajas no se hizo esperar: "O el gobierno respeta el acuerdo, o no le jalamos", dijeron algunos de sus voceros el pasado fin de semana. Su incomodidad venía de atrás con algunas publicaciones que daban como un hecho que una parte de los empleados del antiguo ISS pasaría a la nueva entidad, algo que tampoco está previsto.

Las EPS privadas también se pronunciaron buscando sacarle el cuerpo a que les lleguen pacientes de alto costo a sus entidades. El Ministro contuvo la rebeldía advirtiendo que quien discrimine, será sancionado. Estas situaciones, con sólo una semana de anunciado el cambio del Seguro, dejan ver que aún falta superar más de un escollo.

El Ministerio de Protección ha sido diligente en tranquilizar a los usuarios del ISS para que no se cambien de EPS con la expectativa de un mejor servicio. Aun así, persisten algunas inquietudes. ¿Qué va a pasar con los antiguos empleados del ISS? ¿Cómo se va a evitar que la politiquería llegue a La Previsora, muy atractiva ahora por los recursos que va a manejar? De salir las cosas bien, el gobierno no sólo se anota el hit de resolver el tema de la mayor entidad pública de salud del país, sino que le quita la presión política que tendrá en el futuro reformar el tema de las pensiones, que cada vez es un hueco más grande en las finanzas del país. Mientras respete los acuerdos con las cajas, todo parece indicar que el nuevo Seguro comenzará su vida con pie derecho. Además, es importante tener en cuenta que en cualquier caso, la entidad que quede no es un fin en sí misma, sino un medio para traer mayor bienestar a los colombianos

 

Opinion - Tres rutas a la impunidad Por Daniel Coronel

Tres rutas a la impunidad

El absurdo normativo es tan grande, que los criminales tienen ahora la atribución de absolver a sus socios

Por Daniel Coronell

El proceso judicial por la para-política está a punto de extraviarse. Por tres vías diferentes está caminando hacia la impunidad. Primero, el principal testigo de la infiltración paramilitar en el DAS no quiere seguir declarando. Segundo, dos de los magistrados de la Sala Penal, que con valor han emprendido la investigación, terminarán su período en los próximos meses. Y tercero, las deliberadas limitaciones de la llamada Ley de "Justicia y paz" están permitiendo a los cabecillas del paramilitarismo concentrar sus confesiones en los muertos, para que los vivos sigan libres y ayudando.

Rafael García, ex jefe de informática del DAS y detenido por borrar antecedentes de narcotraficantes, se rehúsa a continuar declarando contra el ex director Jorge Noguera. García teme por su vida y por la seguridad de su familia y sostiene que la Fiscalía no le ha brindado la protección necesaria. A la sombra de esa situación, Noguera puede salir indemne o procesado por un delito menor.
Así se perdería, tal vez de manera definitiva, la pista del fraude electoral auspiciado por el paramilitarismo en el año 2002. Tampoco se sabría el alcance de la penetración de 'Jorge 40' en la central de inteligencia del Estado. Ni cuál fue la participación real de funcionarios públicos en la elaboración de listas negras de personas que fueron asesinadas por los paramilitares. Para no hablar de la millonaria corrupción administrativa en la entidad que, según Rafael García, también beneficiaba a jefes de las autodefensas.
Por eso resulta inexplicable que la Fiscalía no le dé al testigo detenido las garantías que pide.
Los relevos en la Corte Suprema de Justicia tampoco ayudan al proceso. Dos magistrados de la Sala Penal, Álvaro Orlando Pérez y Marina Pulido, terminan su período en junio. Las personas que los reemplacen serán elegidas por la propia Corte, pero de listas presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Esto quiere decir, entre otras cosas, que José Alfredo Escobar Araújo participará en la decisión. El magistrado de los botines, el mismo que recibía regalos del lavador italiano de Salvatore Mancuso, propondrá quiénes deben ser los jueces que procesarán a los aliados políticos de Mancuso y compañía.
El magistrado Escobar Araújo que, pese a todas las evidencias públicas sobre su relación con Giorgio Sale, no quiso renunciar a la magistratura, tampoco se declarará impedido en este asunto.
El tercero de los caminos a la impunidad se está construyendo con las versiones que empiezan a entregar los paramilitares amparados por la vergonzosa Ley de "Justicia y Paz".
Ningún observador puede pasar por alto la estrategia usada por Salvatore Mancuso para proteger a sus aliados. Entre los militares recuerda solamente a personas fallecidas, o ya condenadas, y entre los políticos menciona a todo el mundo. Si todos somos monstruos, nadie es monstruo.
Los vacíos en la ley permitirán que Mancuso se salga fácilmente con la suya. Sus declaraciones, y las de los demás paramilitares, no tienen como propósito contribuir a la verdad, sino ocultarla. De esta manera conservarán intactos los aliados que tuvieron -y siguen teniendo- en la legalidad. El absurdo normativo es tan grande, que los criminales tienen ahora la atribución de absolver a sus socios.
Lo más grave de todo es que el proceso de la para-política se ha empezado a morir, sin haber nacido del todo.
Los políticos mencionados hasta ahora no son los únicos involucrados, y tampoco los más importantes. El paramilitarismo no operaba solamente en los departamentos de la costa, ni eran costeños todos sus aliados.
Ojalá no fuera así, pero todo indica que está en marcha una ley de perdón y olvido no declarada.

Enero 8 de 2007 - "El Gobierno barrió con la coca, pero nos dejó aguantando hambre", dicen en Vista Hermosa (Meta)

Foto: Martín García / Enviado especial de EL TIEMPO
Doña Clemencia fue una de las pocas habitantes de la zona rural de Vista Hermosa que se arriesgó a quedarse en la zona luego de que los erradicadores terminaron con la coca.



El Tiempo

En esa zona, en las estribaciones de la Sierra de La Macarena, la erradicación manual de ese cultivo comenzó por orden presidencial el 19 de enero de 2006.

Un año después, el camino que marca la llegada al corregimiento de Costa Rica (Vista Hermosa) está marcado por extensas hectáreas de maleza y una que otra mata de coca.

EL TIEMPO hizo el mismo recorrido de ese entonces por más de 20 inspecciones y veredas del municipio, que fue convertido por las Farc en uno de los lugares más minados del mundo, según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República.

Tal vez, en los últimos meses, tres cosas importantes cambiaron en esta región: la coca se esfumó o se movió hacia otros puntos; la guerrilla ya no controla las vías de acceso y hace más de 10 meses que los pobladores no la ven, y la última 'visita' de los paramilitares fue hace seis meses.

El resto sigue igual: la carretera de acceso está en pésimas condiciones, las trochas que comunican a toda la zona son intransitables, el servicio médico es precario, según los pobladores, y la viabilidad de un producto comercial diferente a la coca todavía es una ilusión para muchos.

Raspachines 'tumbados'

A esto se suma el drama de varios ex raspachines que ahora "regalan" un jornal de recogida de plátano o yuca en 12 mil pesos. El de coca les dejaba hasta 50 mil.

"Sin contar la tumbada que nos pegó la guerrilla. En enero del año pasado nos firmaron vales por los jornales que nos debían y nos dijeron que los reclamáramos en marzo. Pero el Ejército los sacó de la vereda y nadie nos pagó", dice Rafael, un campesino de Costa Rica.

La mayoría de pobladores que encontró este diario en su recorrido están subsistiendo de "lo que les da la tierra", aunque muchos abandonaron sus ranchos y se fueron a buscar futuro a otro lugar.

Otros, como doña Clemencia, le apostaron a quedarse a pesar de la "sequía" que pasan. Ella vive en Playa Rica, justo a un kilómetro de donde las Farc asesinaron a 29 militares, el 27 de diciembre de 2005, hecho que fue la antesala de la erradicación manual en la Sierra de La Macarena.

"Aquí por lo menos tenemos dónde dormir, pero el Gobierno barrió con la coca y nos dejó aguantando hambre", asegura. A su rancho no han llegado todavía los funcionarios de Acción Social a ofrecerle sustitución de cultivos.

Al respecto, el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República respondió que a la fecha 457 familias están en el programa Familias Guardabosques y desde septiembre del 2005 han realizado dos jornadas de atención médica y asistencia alimentaria.

Sin embargo, para doña Clemencia y los otros habitantes, si la acción del Gobierno no llega a la par con los operativos militares, tarde o temprano tendrán que volver a sembrar coca. 

Militares hacen corte de cuentas

El comandante de la IV División, general Guillermo Quiñónes, en diálogo con EL TIEMPO, informó que desde que se lanzó el plan de erradicación en la zona de Vista Hermosa se destruyeron 22 laboratorios para procesar droga y, en coordinación con la Presidencia de la República, se implementó el programa de Familias Guardabosques.


Así mismo, se destruyeron 15 campos minados que contenían a su vez 215 artefactos explosivos y 48 cilindrosbomba.


Según el balance del Ejército, también se disminuyeron los muertos y heridos, tanto de la población civil como de las tropas.


En el 2006 murieron en esa zona en combate 59 subversivos, 89 más fueron capturados y 18 se entregaron voluntariamente.


En estas acciones se decomisaron 44 fusiles, 34 armas cortas, 174 granadas de fragmentación y 30.926 municiones.

JINETH BEDOYA LIMA
ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO
VISTA HERMOSA (META)