Agosto 28 de 2006, El sector agropecuario da reversazo y cae a niveles de hace ocho años

El Tiempo, Agosto 28 de 2006


El sector agropecuario da reversazo y cae a niveles de hace ocho años

El área cultivada de cereales es la que registra la mayor caída en los últimos años. Incluso, con el TLC, algunos productos desaparecerán.

Las señales claras de esa situación son bajo crecimiento, reducción del área, importaciones masivas, disminución del crédito, aumento del desempleo rural y desánimo en la inversión.

La situación es preocupante si se tiene en cuenta que Colombia está a por lo menos un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, que afectará de manera importante el sector agropecuario, que ya está en retroceso.


Hoy en el país se siembran unas cuatro millones de hectáreas, mientras que en 1990 se cultivaban 4'623.745 hectáreas. En el último año, han salido de la actividad productiva unas 150.000 hectáreas, situación que comienza a preocupar no solamente el Gobierno, sino a los propios agricultores.

Es más, las proyecciones indican que, de continuar esta tendencia, en un año el área sembrada será similar a la de 1998, cuando se cultivaron apenas 3,7 millones de hectáreas, luego de la crisis generada por la apertura económica.


Lo peor está por venir


Las expectativas son poco optimistas, pues tan pronto entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio, seguramente a mediados del 2007 o a comienzos del 2008, varios productos podrán ingresar con cero arancel, lo que indica que sacarán del mercado a los productores nacionales.

Se da por hecho que desaparecerán las 20.000 hectáreas de trigo que todavía se siembran, las 1.700 de soya, las 70.000 de sorgo, en tanto que las de maíz y arroz seguirán en retroceso.


De hecho, la menor producción nacional ya está siendo reemplazada con importaciones. Sólo en el primer semestres del presente año ingresaron al país 770.000 toneladas más de materias primas agropecuarias y agroindustriales que en el mismo período del 2005, lo que indica que al finalizar el presente año, las importaciones superarán el millón de toneladas.


Lo que más preocupa es que las alternativas de reconversión propuestas por el Gobierno, no garantizan acceso real a los mercados o requieren de varios años para alcanzar volúmenes exportables y costosas inversiones. Además de los productos que tradicionalmente se exportan (banano, flores y azúcar), el Minagricultura recomienda frutas, hortalizas y hasta marañón, macadamia y papa criolla.


Lo grave es que a las puertas de un nuevo paso en la apertura comercial, el estancamiento de la producción agropecuaria nacional es evidente. El año pasado el Producto Interno Bruto sectorial sólo creció 2,7 por ciento cuando la economía registró un crecimiento del 5,2 por ciento. La situación no presenta mejoría en el 2006. El informe del Dane correspondiente al primer trimestre señala que la economía creció 4,08 por ciento. Sin embargo, el sector agropecuario presentó uno de los crecimientos más bajos, con sólo el 0,78 por ciento.


Tampoco hay optimismo en el tema de seguridad, pues aunque ha habido avances, los finqueros consideran que no se puede comparar la tranquilidad en las carreteras, con la situación en las fincas.

Menor ritmo en PIB

Las cifras del Dane revelan que el empleo rural cayó en 9 por ciento entre el cuarto trimestre del 2005 y el primero del 2006. El menor ritmo del agro se refleja igualmente en la pérdida de dinamismo del crédito, pues mientras en el primer semestre de este año creció en 0,76 por ciento, en el mismo período del año pasado registró un crecimiento de más del 20 por ciento. En 1990 el país cultivaba 4'623.745, mientras que en el 2005 se sembraron 4'066.311 hectáreas, en tanto que en el primer semestre del 2006 se dejaron de cultivar al menos 60.000, lo que indica que el agro se acerca al nivel más bajo de área sembrada, registrado en 1998.

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Agosto 23 2006 - Paramilitares Un paso adelante, dos atrás

Revista Semana
Paramilitares

Un paso adelante, dos atrás

Después del tatequieto de Uribe a los paras, la suspensión de la extradición del narcotraficante 'el Tuso' Sierra cayó como un baldado de agua fría .

El viernes el presidente Álvaro Uribe borró con el codo lo que había hecho con su mano firme durante toda la semana. El lunes les advirtió a los jefes paramilitares que debían trasladarse a un sitio de reclusión "digno, sobrio y austero" y acogerse a la Ley de Justicia y Paz o, de lo contrario, serían extraditados. Para que no hubiese dudas sobre la seriedad de sus palabras, el miércoles la Policía detuvo a varios de ellos con espectaculares operativos. Las imágenes de televisión mostraron a los jefes paramilitares, hasta hace poco soberbios y desafiantes, admitiendo dócilmente su sometimiento a la justicia. Con esta decisión el Presidente buscaba fortalecer la credibilidad en el controvertido proceso. Sin embargo, su efecto duró poco.

En la noche del viernes, sorpresivamente, el gobierno suspendió la orden de extradición de Juan Carlos Sierra y lo aceptó como miembro desmovilizado de las AUC. Sierra es un reconocido narcotraficante de Antioquia, que intentó colarse como paramilitar en Ralito en 2004. En su momento, el Ministerio de Defensa dijo que "el gobierno nacional no reconoce a Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso', como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia". Ahora, un comunicado expedido por la Presidencia argumenta que "las autoridades de Estados Unidos... solicitaron la extradición del señor Juan Carlos Sierra Ramírez, como miembro de las AUC" y que éste "solicitó ser reconocido como desmovilizado de esa organización y aceptó cumplir las condiciones impuestas por el gobierno colombiano...". Justo cuando el proceso parecía que iba a tomar un rumbo serio, el episodio Sierra demostró que la 'recocha' continúa.

El lunes, la impresión era que a los paras se les habían acabado las juergas millonarias, la ostentación de riqueza en carros de lujo, y su vida de negociantes de minas de oro, esmeraldas y agroindustria. El martes en la noche, el alto comisionado Luis Carlos Restrepo llegó hasta Villa de la Esperanza, en Copacabana, la especie de sede política de los jefes de las AUC, y se reunió con Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', 'Julián Bolívar', 'Ernesto Báez' y Antonio López, los únicos que estaban en el sitio en ese momento. Restrepo llegó acompañado de cuatro generales de la Policía -entre ellos Óscar Naranjo y Jorge Daniel Castro- y de cuatro coroneles. La idea era una entrega inmediata. Los paras dijeron que necesitaban tiempo para reunirse y discutir el tema con los demás jefes, y que cuando tomaran una decisión, le avisarían al gobierno. No tuvieron tiempo de 'patalear'. A la mañana siguiente, operativos simultáneos los condujeron hasta la Policía Metropolitana de Medellín. También fueron sacados de Ralito quienes allí estaban. Durante el día, algunos de ellos como Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo se presentaron voluntariamente. Algunos muy importantes no se habían presentado hasta el viernes en la noche: 'Jorge 40' y Vicente Castaño. Mientras Ramiro 'Cuco' Vanoy, seguía en consultas telefónicas antes de tomar una decisión. De otros como 'Daniel' y 'Rogelio', temidos lugartenientes de 'Don Berna', no había ni rastro.
 
Al parecer, Uribe estaba cansado de escuchar en todas partes lo mismo. Que los jefes paramilitares y sus lugartenientes más cercanos andaban por los centros comerciales gastando millones en ropa de marca. Que hacían cerrar discotecas para fiestas de lujo. Que estaban invirtiendo en lujosas casas y fincas. Es decir, que ante los ojos de todos, estaban lavando sus fortunas adquiridas con el narcotráfico.

El pomposo matrimonio de Mancuso, en diciembre pasado, y los relatos sobre 'Macaco' bailando reguetón en Llanogrande, junto a rutilantes figuras del fútbol, eran apenas la punta del iceberg.

Esta situación era completamente inmoral. Una bofetada para las víctimas y una vergüenza para el país. Lo más grave es que si bien un pequeño sector de la opinión rechazaba con indignación estas muestras de arrogancia, la gran mayoría empezaba a verlo como algo normal, lo que refleja un preocupante relativismo moral de la sociedad. En algunas regiones hasta les pidieron autógrafos como si fueran héroes y no villanos.

Adicionalmente, "tenían muchos áulicos, como el nicaragüense ex-contra Edén Pastora, que les calentaban las orejas diciéndoles que ningún proceso de paz había terminado con la gente en la cárcel", dice una persona cercana al proceso. Los paras llegaron a convencerse de tres cosas difíciles de digerir: que realmente no deberían ir a la cárcel, que podrían eludir la entrega de bienes y que podían sacarle al gobierno un compromiso de no extradición. Tanto la ostentación de los paramilitares como la dilación para acogerse a la Ley empezaban a dejar a un gobierno, que se precia de saber imponer la autoridad, en una situación de debilidad insostenible.

A eso se le sumaron las críticas de Estados Unidos. "Los gringos han mandado todo tipo de mensajes de que no les gustaba lo que estaba pasando. Y estos señores diciendo que que no tienen garantías y que son insolventes para reparar a las víctimas", dice una fuente de la Casa de Nariño.

La gota que rebosó la copa fueron los 'micos' que ya se vislumbraban en los borradores del decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz. Les blindaba los bienes lícitos, les ayudaba a eludir el tiempo de cárcel, acababa con la posibilidad de que perdieran los beneficios jurídicos si no confesaban algunos crímenes, y hacía casi imposible su extradición. Así las cosas, los paras parecían tener por el mango la sartén de la negociación.

El ultimátum de Uribe parecía enderezar la situación. Si bien el Presidente les dio garrote al detenerlos, también los tranquilizó diciendo que irá, si es necesario, de nuevo al Congreso. ¿Para cambiar la Ley de Justicia y Paz? ¿O para blindar el proceso contra la extradición? La docilidad repentina de los jefes paramilitares y el afán de narcos como Juan Carlos Sierra para ponerse el camuflado después del último llamado, y antes de que se cierre la puerta, hacen temer que el gobierno está buscando en serio fórmulas que les den la tan anhelada seguridad jurídica contra la extradición. Algo que quizá salve definitivamente el proceso, pero ¿a qué precio?

Si bien acabar con los excesos de los jefes tranquiliza, no es suficiente para devolverle la credibilidad a un proceso enfermo de pragmatismo, donde la ilusión de que el desarme de 30.000 hombres era la paz, está cada vez más deshecha. "Los jefes paramilitares han perdido el control sobre muchos de sus ex combatientes y mandos medios se apoderaron de los negocios que siguieron intactos: el narcotráfico y el robo de oro y gasolina", dice Jorge Mejía, secretario de Gobierno de Antioquia.

A eso se suma que las dificultades jurídicas están latentes. Con el decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz el gobierno quiere darles gusto a Dios y al diablo al mismo tiempo. A Estados Unidos, que sabe perfectamente quiénes son los narcos vestidos de paras; y a los jefes de las autodefensas, que requieren algo casi imposible: seguridad jurídica. Lo que realmente puede blindar el proceso es lo único que no se ha hecho: construir confianza política, poniendo las cartas sobre la mesa y contándole al país qué se está negociando. Con embuchados como el del 'Tuso' Sierra se consigue todo lo contrario.

Agosto 10 de 2006 - Tres menores de cinco años mueren al día en Colombia por desnutrición

 UNIVERSIDAD EXTERNADO REVELA ÚLTIMO ESTUDIO SOBRE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN COLOMBIA

Tres menores de cinco años mueren al día en Colombia por desnutrición


En promedio, tres niños menores de cinco años mueren en Colombia diariamente por desnutrición como causa básica o asociada a otra enfermedad.
Una de cada cinco defunciones en niños colombianos de 1 a 4 años, está asociada con la desnutrición. En los menores de un año la proporción es de uno de cada diez

Probabilidad de muerte por desnutrición para menores de cinco años. Municipios Colombia 1998-2002.



En los niños de 1 a 2 años, la desnutrición es la primera causa de muerte (14%), seguida por las infecciones respiratorias agudas (13,6%) y las enfermedades infecciosas intestinales (11%).
En Colombia se registra una tasa de 21 muertes por desnutrición (causa básica o asociada) por cada 100 mil habitantes.
Entre 1998 y 2002, en el país ocurrieron 39.197 defunciones en las que estuvo presente la desnutrición. La proporción es de 4.4% frente al total de defunciones.
El Golfo de Urabá, el litoral Caribe, el litoral Pacífico, la región Andina – Sur, la Amazonía y la Orinoquía, son las regiones con mayor mortalidad por desnutrición. En el mapa nacional de mortalidad por desnutrición, elaborado por la investigación, se nota claramente cómo las áreas próximas a las fronteras, donde se ubican los nuevos departamentos, son las de mayor incidencia del problema.
Los departamentos del eje cafetero y de la zona andina, en general, tienen menor proporción de muertes por desnutrición.
Colombia. Proporción de defunciones cuya causa directa, antecedente u otro estado patológico importante es la desnutrición. 1998-2002.



Las zonas rurales no son las más expuestas a este problema. Lo son los municipios de 50.000 a 100.000 habitantes.
En los territorios indígenas hay altas probabilidades de muerte por desnutrición.
En el período 1998 a 2002, de cada 100 mil nacidos vivos, 252 murieron anualmente por desnutrición, antes de cumplir los cinco años de vida. En algunos municipios esta probabilidad llega a 7.500 defunciones y, en el departamento del Chocó, se sitúa en 2.054.
Un municipio del Amazonas y tres del Chocó tienen la mayor probabilidad de muerte por desnutrición para los menores de 5 años. En su orden: La Chorrera (Amazonas) y Bojayá, Alto Baudó y Medio Atrato (Chocó).

Así lo establece el estudio La mortalidad por desnutrición en Colombia 1998 2002 elaborado por las investigadoras Magda Ruiz Salguero yNubia Ruiz Ruiz, del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social –CIDS– (área de Estudios de Población) de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia.

Los datos entregados contribuyen a reafirmar la importancia de la desnutrición como factor que evidencia la pobreza y la inequidad y, de otro lado, adquieren relevancia hoy, cuando en la reforma tributaria se proponen impuestos para productos básicos de la canasta familiar, lo que probablemente incidiría en un aumento del problema.

La investigación

Indicadores:
Tasa anual media de mortalidad por desnutrición para el país y sus departamentos 1998 - 2002 por cien mil habitantes.
Probabilidad que tiene un recién nacido en el período 1998-2002 de morir antes de cumplir el primer año de vida y antes de cumplir los cinco años, por municipio.

Fuentes de Información:
Sistema de Estadísticas Vitales (DANE).
Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte
Proyecciones de población del DANE.

La Desnutrición

La malnutrición puede ser resultado de ausencia de comida o de alimentación inadecuada que ocasiona deficiencias de algunos nutrientes. Puede ser deficiencia de hierro, vitamina A, yodo o zinc, o desnutrición proteico-calórica. Estas deficiencias incrementan la susceptibilidad a enfermedades crónicas, retardo mental, discapacidades físicas, disminución de la capacidad de aprendizaje o productividad, o muerte temprana.

En el estudio se tiene en cuenta la desnutrición como causa básica o directa de la defunción y como causa asociada, puesto que con frecuencia la desnutrición, sin ser la causa básica del fallecimiento, está presente en el momento de la muerte y coadyuva al desenlace. “Enfermedades como la diarreica aguda o la infección respiratoria aguda en los menores, posiblemente no causarían la muerte si el niño o la niña no estuviera desnutrido”, explican las investigadoras.

La mortalidad a causa de la desnutrición es un hecho que vulnera de manera dramática un derecho humano básico: “La necesidad de alimento es quizá la más básica de las necesidades humanas. La gente debe comer…. La falta de una alimentación adecuada no sólo provoca el hambre o hace a la gente menos capaz de disfrutar de la vida, también reduce sus habilidades y, al causar apatía y en casos extremos letargo, disminuye su deseo de trabajar productivamente y, con ello, de mejorar sus medios para combatir el hambre (Paul Streeten 1996:24. Hambre, alimentación y desarrollo, publicado en El Incendio frío, Edit. Icaria, S.A.). Por otra parte, el Banco Mundial define la seguridad alimentaria como: “...el acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimentos suficientes para una vida activa y saludable. Sus elementos esenciales son la disponibilidad de alimentos y la posibilidad de adquirirlos”. (Banco Mundial, 1986:1).

La mayoría de las muertes analizadas (98%) se deben a desnutrición propiamente dicha y dentro de ellas las más frecuentes son la desnutrición proteico calórica no especificada (E46 de la CIE-10) que aporta 58% de las muertes) y la desnutrición proteico calórica severa no especificada (E43 con 32%). Las “otras deficiencias nutricionales” sólo aportan 0,25% de las muertes y el retardo del crecimiento fetal aporta 1,5%.

La asesina de los niños

En los menores de 1 a 4 años, una de cada cinco muertes ocurre por causa directa o asociada a la desnutrición. Es la edad donde más se reflejan los problemas de nutrición. En los menores de un año la situación también es grave aunque este grupo está más protegido, posiblemente por la lactancia materna y por las políticas de atención de salud y nutrición específicas; aún así, una de cada diez muertes en esta edad está asociada con esta causa. En los menores de un año, 4% de las muertes tuvieron como causa básica o directa la desnutrición y 2,5% de las muertes se debieron a retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta. En el rango de edad de 5 a 9 años, la proporción de muertes por desnutrición es del 7%.

Las investigadoras subrayan el siguiente hecho: “la suma de las causas básicas con las asociadas da un panorama desolador de la mortalidad por desnutrición en Colombia. Pero el solo examen de los casos generados por la desnutrición como causa básica, también preocupa como lo ilustra este dato: entre los niños de 1 a 2 años la desnutrición como causa básica ocupa el primer lugar (14%) como causa de muerte”.

Al analizar la variable género, el estudio halló que en las defunciones femeninas hay más presencia de desnutrición que en las masculinas. El diferencial es muy notorio en las niñas de 1 a 4 años y en la edad fértil (15 a 44 años). En este caso puede deberse a secuelas del embarazo y el parto e incluso de la lactancia. Esto indica la necesidad de controlar la nutrición de las mujeres en edad fértil y particularmente de las embarazadas y lactantes.

Según la FAO (2005) cerca de la mitad de las muertes infantiles en el mundo están asociadas directa o indirectamente con el hambre y la malnutrición. Si bien en Colombia se observa un nivel menor (20 o 21%) hay que insistir en que las cifras provienen del certificado de defunción y no siempre se registra la desnutrición, cuando se trata de una causa asociada o secundaria, lo que hace pensar que la proporción podría ser mayor.

Mapa de la mortalidad por desnutrición en Colombia

Los mapas elaborados dentro de la investigación dan cuenta del panorama del hambre en el país y establecen, para cada municipio (de los 1098 del país) la probabilidad de muerte de los menores por desnutrición por cada cien mil nacimientos. Están diseñados bajo la misma escala de probabilidades así: bajas hasta 330, media baja hasta 750, media hasta 2050 y alta hasta 7500. Las zonas más oscuras, corresponden a mayor probabilidad de muerte por desnutrición para los menores.

Mientras que en La Chorrera (Amazonas) y en tres municipios del Chocó la probabilidad de muerte para un menor de 5 años es muy alta (entre 7.000 y 5.000 muertes por cada 100 mil nacidos vivos), la zona de cordillera que atraviesa el país de sur a norte, se muestra como la de más baja incidencia de la probabilidad de muerte por desnutrición.

En los municipios del golfo de Urabá (Chocó, Antioquia y Córdoba) la alta probabilidad de muerte por desnutrición, puede estar asociada, según las investigadoras, en el proceso de asentamiento de trasnacionales bananeras, que han convertido la región en monoproductora y desestimulado la actividad agrícola. Los campesinos agricultores se han transformado en obreros que derivan su ingreso de la vinculación a la empresa agroindustrial. La población abandonó el campo y se desplazó a vivir en los centros poblados. Se establece de esta manera una fuerte dependencia del empleo y la capacidad de compra de los alimentos.

Este análisis se puede aplicar, en general, a los municipios de alta productividad agroindustrial, minera y petrolera como la zona bananera del Magdalena (Cienaga, Zona Bananera, Fundación, Aracataca); los cultivadores de palma africana en el Cesar (El Copey, Bosconia, El Paso, Aguachica, San Martín y Pelaya) y los municipios mineros: oro en el sur de Bolívar y carbón en La Guajira (San Juan del Cesar) y norte del Cesar (La Jagua).

En cuanto al departamento del Chocó, los indicadores socioeconómicos son los más bajos en todos los aspectos y el departamento se ubica cada vez más lejos de los promedios de desarrollo nacional. En todos sus municipios, la investigación encontró grandes probabilidades de muerte por desnutrición.

Contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de las ciudades grandes de Colombia, las capitales de la Costa Atlántica –Barranquilla, Riohacha y Cartagena y Montería– presentan alta probabilidad de muerte por desnutrición para los menores de cinco años.

Desnutrición entre los pueblos indígenas

En distintas regiones del país se identifican manchas negras que coinciden exactamente con la presencia de resguardos indígenas: centro y sur oriente del Tolima y norte del Huila (Ortega, Natagaima, Coyaima y Villavieja); Cauca; municipios limítrofes entre Santander y Antioquia; algunos delimitados en el norte de Boyacá; frontera de Norte de Santander con Venezuela; alta Guajira (Uribia, Manaure) y algunos del Cesar (Valledupar, Pueblo Bello, Codazzi).

Para estos municipios, la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años presenta una probabilidad de 517,8 por cien mil nacimientos, indicadores que superan el promedio nacional. A manera de hipótesis, las investigadoras señalan que probablemente ello se debe a un proceso de pérdida de las tradiciones culturales de estos pueblos con cambios drásticos en la dieta: abandono de los productos vegetales y animales tradicionales (por ejemplo las iguanas entre los wayúus) y consumo de productos manufacturados que no aportan una nutrición adecuada.

Por otra parte, en el Meta, La Macarena y La Uribe, hacen parte de un territorio de alta mortalidad, que involucra todo el Caquetá y el Putumayo, hasta el límite con Ecuador. Aquí, realidades como la expansión de la ganadería extensiva y la presencia de cultivos de coca –con la consecuente violencia– impiden a la población contar con una aceptable calidad de vida.

Los que pasan el examen

Los municipios de menor probabilidad de muerte del total nacional se encuentran en la región Centro Oriente (Santander, Boyacá y Cundinamarca) y el eje cafetero. Limitan con la capital del país, tienen vías de acceso y su población ha consolidado lazos familiares e identitarios; se facilita así el intercambio económico y la movilidad entre la gran ciudad y los territorios rurales. Ello puede estar garantizando un suministro básico de algunos alimentos y un ingreso económico. Antioquia, a pesar de tener zonas oscuras en Urabá, tiene, en general, bajas probabilidades de muerte por desnutrición.

En el campo la cosa no es tan grave

No obstante la situación de pobreza en los municipios pequeños del país, no es allí donde se registra una mayor probabilidad de muerte por desnutrición. Al parecer, en estas regiones los habitantes mantienen un vínculo con la actividad agrícola que garantiza un mínimo de producción y consumo de alimentos. En los municipios menores de 10 mil habitantes, la ruralidad de su población es del 70% y la probabilidad de muerte por desnutrición es de 234,7 por cada 100 mil nacidos vivos.

La mayor probabilidad se presenta en los municipios medianos que tienen entre 50 y 100 mil habitantes, muchos de ellos migrantes provenientes de los campos. La marginalidad, el desempleo, la pobreza y la precariedad infraestructural de muchas áreas urbanas, son mucho más hostiles para la vida de la población, que se ha visto obligada a romper de manera radical su relación con las zonas rurales de origen. La adquisición de alimentos depende únicamente del ingreso. En estas ciudades, la muerte de menores de cinco años es de 448,9 por cada 100 mil nacidos vivos. En este grupo se ubican 54 municipios en los que habitan más de tres y medio millones de personas.

Se ha incrementado la desnutrición

En conclusión, a pesar de que no es posible hacer comparaciones por falta de información equivalente para países de la región, lo cierto que es que el fenómeno de la desnutrición se ha incrementado en el país: entre 1995 y 1997 había 5 millones de personas en condición de subnutrición y entre 1999 y 2001 eran 5.7, incremento de 14% (700 mil personas) en 6 años. Este porcentaje supera el crecimiento general, 5,6 para el mismo periodo (FAO 2003). Es una realidad que dibuja el empobrecimiento de la población y que exige una atención prioritaria.

Agosto 10 de 2006, Niños mueren por desnutrición

El País, Agosto 10 de 2006

Informe

Niños mueren por desnutrición

Colprensa - Bogotá
Ernesto Guzmán Jr.I El País


Por cada 100.000 habitantes se registran 21 decesos por desnutrición. Entre 1998 y el 2002 ocurrieron 39.197 defunciones en la que estuvo presente el problema.

En el país mueren diariamente en promedio tres niños menores de 5 años como consecuencia de la desnutrición, reveló un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia.

El informe igualmente establece que en Colombia se registra una tasa de 21 muertes por desnutrición (causa básica o asociada) por cada 100.000 habitantes, pero la situación se hace más compleja en menores de 5 años.

Asimismo, en los niños de 1 a 4 años, una de cada cinco defunciones está relacionada con desnutrición.

En los menores de 1 año la proporción es de uno de cada diez.

Entre 1998 y 2002, en el país ocurrieron 39.197 defunciones en las que estuvo presente la desnutrición. La proporción es de 4.4% frente al total de defunciones.

La mayor incidencia de desnutrición se ubica en las áreas próximas a las fronteras, como el Golfo de Urabá, el litoral Caribe, el litoral Pacífico, la región Andina Sur, la Amazonia y la Orinoquia.

Pero el estudio indicó que "un municipio del Amazonas y tres del Chocó tienen la mayor probabilidad de muerte por desnutrición para los menores de 5 años. En su orden: La Chorrera (Amazonas) y Bojayá, Alto Baudó y Medio Atrato (Chocó)".

Los departamentos del Eje Cafetero y de la zona andina, en general, tienen menor proporción de muertes por desnutrición.

El estudio muestra preocupación porque en la reforma tributaria se gravarán algunos alimentos de la canasta familiar, lo que complicará la situación de desnutrición.

Sin embargo, las zonas rurales no son las más expuestas a este problema. Lo son los municipios de 50.000 a 100.000 habitantes.

Una de las minorías más expuestas a la desnutrición son las indígenas. Entre 1998 a 2002, de cada 100.000 nacidos vivos, 252 murieron anualmente por desnutrición, antes de cumplir los 5 años de vida.

La investigación halló que en las defunciones femeninas hay más presencia de desnutrición que en las masculinas. El diferencial es muy notorio en las niñas de 1 a 4 años y en la edad fértil (15 a 44 años).

En este caso puede deberse a secuelas del embarazo y el parto e incluso de la lactancia. Esto indica la necesidad de controlar la nutrición de las mujeres en edad fértil y particularmente de las embarazadas y lactantes.

"Los datos entregados contribuyen a reafirmar la importancia de la desnutrición como factor que evidencia la pobreza y la inequidad”, dice el estudio

 

Economía de los Cultivos Ilícitos. Recapacitando sobre el narcotráfico. Por Salomón Kalmanovitz

El Espectador, Julio 2006
Economía de los cultivos ilícitos
Recapacitando sobre el narcotráfico

Por Salomón Kalmanovitz
Hace 15 años que no trabajaba el tema del narcotráfico. Al refrescarlo, me encontré con cambios muy grandes, en general, cambios de fondo en su economía política. Hoy se conocen mejor las características del negocio gracias a los estudios basados en encuestas elaborados por la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU.

La magnitud del negocio se ha reducido notablemente. Medida por las utilidades repatriables que genera la exportación de cocaína, el investigador Ricardo Rocha anota un descenso entre su máximo alcanzado en 1987, el 5% del PIB de Colombia, hasta 0.8% del PIB en el año 2004. Lo que sucedió entre estas dos fechas fue la destrucción de los grandes carteles colombianos y su salida de la distribución mayorista de la droga en California, la Florida y Nueva York, algo que le reportaba el grueso de las utilidades y que pasó a ser controlado por las mafias mexicanas. El proceso se hizo evidente en las tasas de criminalidad en el norte de México y la llamada “colombianización” de esa región.

La heroína, nueva droga de los traficantes colombianos, nunca alcanzó un desarrollo comparable al de la cocaína; se calcula que las utilidades repatriables de su tráfico descendieron del 0.6% del PIB en 1997 al 0.1% del PIB en 2004. Las dos actividades sumadas darían, pues, el 0.8% del PIB, algo así como 800 millones de dólares al año. En 2005 hubo una nueva expansión de 30.000 hectáreas sembradas de coca (deduciendo erradicación por fumigación y manual) que pudo hacer llegar el monto posible de utilidades a unos 1.100 millones de dólares.

La estructura del negocio durante su auge se basaba en la producción de la materia prima en Perú y Bolivia, su procesamiento en Colombia y su distribución en los mercados de Estados Unidos y de Europa. Al ser reprimido el cultivo en Perú y en Bolivia, éste se trasladó a Colombia protegido por grupos ilegales, a la vez que su exportación a México y Brasil era llevada a cabo por grupos atomizados de traficantes, algunos asociados a los combatientes. Ello permitió el financiamiento de ejércitos irregulares y explica la notable expansión tanto de las Farc como de las Auc en los años noventa. El secuestro fue otra fuente de financiamiento para las Farc. Valdría la pena preguntarse cómo se reparten entre narcos, insurgencia y paramilitares; respuesta que requiere un análisis de la geografía del cultivo, superpuesta a la del control territorial.

Caída del negocio

Las cifras sobre los cultivos de coca en Colombia alcanzaron su máximo en el año 2000, 163.000 hectáreas. Y se fueron reduciendo hasta alcanzar 80.000 en 2004 por la fumigación de las grandes concentraciones. La cifra para 2005 fue de 110.000 hectáreas, resultado de los cultivos que invadieron nuevas tierras y el Parque de la Macarena en unidades de cultivo pequeñas, difíciles de detectar. El valor agregado (utilidades más salarios), en los cultivos que reporta Rocha, es de US$600 millones en 2002 y US$366 millones en 2004. El Economist informaba que los precios de la cocaína en las calles de Estados Unidos reaccionó frente a la escasez con un incremento del 19% en el precio al detal y una pérdida de pureza del 15%. Los precios de la hoja de coca en el país están a niveles muy bajos.

Si las Farc vieron reducidos no sólo los recursos por su protección a los cultivos y su tráfico de cocaína, sino también los de extorsiones a las familias de secuestrados, gracias al desmantele o debilitamiento de sus frentes que rodeaban a Bogotá, Medellín y Cali, podremos entender que esté en una fase de reestructuración.

Sandro Calvani, director de la Unodc para Colombia, decía que en verdad el problema del narcotráfico se había reducido en el país, comparado con el que enfrentaron Turquía, Camboya y Tailandia, que habían logrado éxitos al combatirlo frontalmente, pero que acá parecía no haber voluntad política para liquidarlo. Y queda la inquietud flotando en que si el financiamiento de la guerra contra la insurgencia ha dependido tanto de los recursos provistos por el mismo tráfico de drogas a las Auc, que en los aportados por los contribuyentes norteamericanos, mediante el Plan Colombia, o finalmente por los contribuyentes colombianos (2.5% adicionales del PIB entre 1990 y 2005) y, en especial, por los más beneficiados en la defensa de sus derechos de propiedad quienes han tributado mucho menos.

Lo cierto es que el financiamiento del conflicto interno por la actividad criminal y por Estados Unidos son mutuamente excluyentes: pueden conducir a un grave choque político de imprevisibles consecuencias.

Jueves, Agosto 3. La Macarena: una costosa aventura. Por Martha Ruiz

Revista Semana, Jueves, Agosto 3
Analisis
La Macarena: una costosa aventura

El Presidente Uribe anunció que fumigará el Parque Natural. Por donde se le mire, la operación Colombia Verde es insostenible.
Por Martha Ruiz

El Presidente Álvaro Uribe anunció que fumigará el Parque Natural La Macarena. La muerte de seis campesinos erradicadores, y el grave estado de otros siete le dieron el golpe de gracia a la operación Colombia Verde, iniciada en enero de este año.

Con éste grupo se completaron 20 personas muertas durante la erradicación manual, entre civiles y policías, y se llega casi a la treintena de heridos. Un costo humano incalculable que, unido al descomunal esfuerzo económico, logístico y operativo, hace que este sea uno de los experimentos más desafortunados del gobierno en materia de lucha contra las drogas.

La operación se inició en enero pasado, después de que a finales de diciembre las Farc atacaron en Vistahermosa, Meta, a un contingente de soldados que escoltaba las tareas de erradicación manual. Murieron 29 militares. Este fue el revés más duro que había recibido la fuerza pública en el gobierno de Álvaro Uribe. Un episodio que se produjo en plena campaña por la reelección. El Presidente decidió desafiar entonces a la guerrilla con una operación sin precedentes.

Para no entrar en controversia con la comunidad internacional en un momento electoral, optó por la erradicación manual, realizada por 930 campesinos, escoltada por 1.500 policías y una brigada móvil.

Pero el optimismo duró poco. Durante los primeros días las Farc atacaron a los policías, usando francotiradores. Dos semanas después de iniciada la operación murieron ocho policías y otros tantos quedaron heridos, por un ataque con morteros. Luego, las Farc convirtieron a los erradicadores civiles en su blanco. Disminuyeron los ataques directos a la fuerza pública y optaron por minar los sembrados de coca.

Los primeros erradicadores que murieron, generaron una diáspora en el grupo de campesinos. Poco después de iniciada la operación, apenas quedaban 300 erradicadores. Y la policía tuvo que incrementar en mil hombres más su presencia en la zona. ¿Por qué no abandonó en ese momento la erradicación manual?

El programa acababa de empezar y anunciar su fracaso era inaceptable para un Presidente que estaba en campaña. Además, muchos de los erradicadores estaban dispuestos a seguir adelante. Martín Andrés Quiroz, de 22 años, dice que se quedó porque “cuando estábamos más asustados vino el Presidente y nos dio moral”. Uribe les dio como incentivo un subsidio de vivienda. Muchos siguieron adelante porque, como dice Quiroz “uno sale y ve el hambre tan berraca de la familia, y se devuelve” .

La operación no sólo se incrementó en costos, sino que se prolongó el período de la misma, aumentando el riesgo de que nuevas víctimas. Inicialmente se había dicho que las 4.558 hectáreas serían erradicadas en tres meses. Pero hoy, seis meses después, apenas se han erradicado 2.900 hectáreas. Cada día de operación incrementa los riesgos humanos y los costos económicos. En promedio, cada hectárea erradicada en La Macarena cuesta aproximadamente 2.000 dólares. Mientras la misma hectárea en otra zona, arrancada manualmente cuesta 400 dólares. Y con la aspersión, la hectárea sale en 595 dólares.

Sin embargo, no es el dinero lo más importante, sino por supuesto las vidas perdidas. Y la ineficiencia general del programa.

Los costos

Los hechos son tozudos. Los costos humanos y económicos no se estaban viendo compensados por los beneficios políticos y militares que se había propuesto el gobierno. En primer lugar, porque si bien los erradicadores destruyeron muchos cultivos nadie en el gobierno puede garantizar que no haya resiembra. Acción Social de la Presidencia reconoce que lo único que garantiza que no haya resiembra es el desarrollo alternativo. Cambiar los cultivos de coca por otros lícitos. En La Macarena esto es imposible porque se trata de un Parque Natural y el gobierno no estimulará cultivos de ninguna especie.

En segundo lugar, a pesar de que La Macarena es un sitio estratégico para la guerrilla, la policía y el Ejército tienen como prioridad cuidar a los erradicadores. Su labor es defensiva más que ofensiva. Y claramente no se quedarán en el Parque. Están apenas de paso allí.

Adicionalmente, a lo largo de estos seis meses la propia policía había visto cómo evolucionaban las tácticas de las Farc. Primero de los francotiradores a las minas. Pasando por promover una marcha de campesinos cocaleros que hicieron resistencia cuerpo a cuerpo a la erradicación con la policía y que tuvo que ser disuelta con los escuadrones antimotines. Las minas, en todo caso fueron su principal arma y era claro que estaban innovando permanentemente en los mecanismos explosivos, como se demuestra en las siete casas bombas que se habían logrado desactivar.

Tampoco es claro que la erradicación de La Macarena haya tenido un impacto importante en las finanzas de las Farc, ni en su debilitamiento. La guerrilla no defiende territorio, y tienen cultivos de coca en muchas regiones.

Quizá el único rédito que ha dejado la Operación es político. Difícilmente la decisión de Uribe de fumigar La Macarena será objeto de la crítica radical. Lloverá glifosato sobre uno de los patrimonios naturales más importantes del país. Y todos estaremos agradecidos de que nadie más muera en una zona donde arrancar la coca manualmente siempre fue una aventura de consecuencias impredecibles. Lo malo es que igual de errático y aventurado es fumigar el Parque. Porque no hay manera de evitar la resiembra y porque el impacto de los químicos sobre el ecosistema no está estudiado suficientemente.

Quizá sea este el momento no sólo para cambiar el método de erradicación, que quizá sea un asunto secundario, y repensar toda la estrategia contra los cultivos en un país que está en un momento crítico de la guerra, y que no puede, en aras de la seguridad, arrasar con su riqueza biológica.

Viernes, 3 de agosto - Comenzaron las fumigaciones en La Macarena

Revista Semana, Viernes, 3 de agosto
Comenzaron las fumigaciones

Cinco días tardará la Policía Antinarcóticos en asperjar las 1.780 hectáreas cultivadas con coca que quedan en el parque de La Macarena, en el Meta. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

Veinticuatro horas después de que el presidente Uribe ordenara fumigar con glifosato el parque natural de La Macarena, este viernes las avionetas antinarcóticos de la Policía comenzaron a sobrevolar y asperjar esta zona donde se pretende acabar con 1.780 hectáreas de cultivos ilícitos que aún quedan. Una decisión que podría ser tan costosa como el envío apresurado de erradicadores manuales en plena campaña electoral (ver artículo relacionado).

La decisión se tomó a raíz de la muerte de seis erradicadores manuales el pasado miércoles y de una larga lista de hechos que entorpecieron la labor de arrancar toda la coca mata por mata: desde el pasado 20 de enero, 26 personas (entre policías, soldados y erradicadores) han sido asesinadas por las Farc. Cuarenta y un personas quedaron heridas, muchas de ellas mutiladas. Se han desactivaron 220 minas, 580 artefactos explosivos, 11 campos minados y siete casas bomba.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, dijo este viernes que la reserva forestal está invadida por la mafia. “Un guerrillero me comentaba que su misión era guardarle entre mil y dos mil millones de pesos mensuales a 'Cachirri', un jefe de las Farc que tiene a su servicio caleteros, que son los que cuidan la plata”, sostuvo el oficial.

A pesar de que el Ejército y la Policía rastrearon todas las zonas a erradicar para detectar minas quiebrapatas u otros explosivos, las Farc se las ingeniaron para que los equipos no encontraran ningún artefacto. Las autoridades dicen que han regado clavos, grapas balines y pilas viejas para que los grupos de detección de minas se enloquezcan y no identifiquen la pólvora.

“Este último sistema que utilizaron con los erradicadores es un explosivo sin metralla y sin metal, que no se puede detectar, sino por los perros, pero cuando está enterrado a un nivel tan bajo es difícil encontrar”, explica Castro. “Las personas tienen que conocer la realidad, el parque de la Macarena está totalmente acabado por parte las Farc con los cultivos de coca, desde hace cinco años empezó a sembrase por todo lado. Si no se actúa con contundencia, lo perderemos”, agregó.

Las desventajas

Ahora que se comenzarán a rociar los parques, vuelve el debate sobre los riesgos de eliminar los cultivos de coca con químicos en un área de tal valor ecológico.

En la Macarena, donde existe un bosque húmedo tropical muy importante y una diversidad de fauna impresionante (siete especies de tigrillos, caimán llanero, ocho especies de micos, paujiles, dantas, guacamayas multicolores y venados sabaneros), la erradicación manual permitía restaurar el área que ha sido destruida por la coca (el 0.7%), sin contaminar los importantes ríos que la atraviesan.

"Esta intervención es importantísima porque frena la degradación", dijo a Semana.com Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, cuando comenzó la erradicación manual. "Contamos con plata de Holanda para restaurar el área afectada".

Igual de dispuestos a cooperar estaban otros países europeos que se han opuesto a la fumigación aérea financiada en gran parte con recursos del Plan Colombia aportados por Estados Unidos. Naciones Unidas, que está muy comprometida en los proyectos de erradicación manual y países vecinos donde el tema del impacto de la fumigación sobre los pueblos de frontera se ha politizado, no verán con buenos ojos este giro hacia la fumigación. Máxime cuando Colombia es el único país que fumiga. En Ecuador, por ejemplo, donde hay un fuerte movimiento indigenista y ambientalista, el tema de la fumigación en la frontera fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligando al gobierno de Uribe a ordenar que en estas áreas 'sensibles' se arrancara la coca a mano. Cosa, que, aparentemente el gobierno está ignorando ahora.

Es cierto que la erradicación manual es más lenta y que hacerlo en un territorio que está fuera del control del Estado es una tarea titánica, como quedó demostrado. Sin embargo, los erradicadores manuales logran acabar con el 100 por ciento del cultivo porque alcanzan las matas en los lotes más pequeños y camuflados bajo los árboles -la nueva técnica de los narcos- y destruyen los viveros para evitar la resiembra en el mismo sitio. La fumigación, en cambio, tiene un 60 por ciento de efectividad. Lo cual significa que después de que asperjen los cultivos, y contaminen los ríos, y pongan a la población nuevamente en contra del Estado, lo más probable es que vuelva a existir coca en La Macarena.

Por eso lo más importante, más que oscilar entre la fumigación y la erradicación manual, es que el país se detenga a pensar en una política antidrogas que no vaya en contravía del esfuerzo contrainsurgente y que no se convierta en un remedio peor que la enfermedad. La decisión apresurada de fumigar esta semana a raíz de la muerte de los erradicadores no es una buena señal.

Junio 7 de 2005 - Caño Limón: Sumas y restas por Daniel Coronel

Caño Limón: Sumas y restas
por Daniel Coronell

¿Por qué Oxy, una empresa que ha demostrado que sabe hacer dinero, se metió en un negocio tan malo? ¿Dónde está la bolita, como dicen los tahúres de feria? Las historias del megabaloto que se ganó Oxy, y el mal negocio para Colombia, saltan a la vista.

Hay un debate largamente aplazado en el Congreso. Desde hace meses surge siempre alguna buena razón para postergarlo. El citante es el senador Hugo Serrano y el tema la decisión del gobierno de extender el contrato de explotación de Caño Limón con Occidental de Colombia, Oxy.
Según la investigación del congresista, la multinacional petrolera compró más de 2.200 millones de dólares por una inversión real de menos de 90 millones de dólares.

Las historias del megabaloto que se ganó Oxy, y el mal negocio para Colombia, saltan a la vista con unas cuantas operaciones aritméticas.

En Caño Limón se produce el petróleo de mejor calidad del país. Las características del campo lo hacen único. Su rentabilidad es superior al 100 por ciento. Su explotación no tiene mayores riesgos económicos, ni técnicos. Un yacimiento de agua empuja el crudo a la superficie, haciendo que su explotación sea la más barata del país y una de las más baratas del mundo. Producir un barril en Caño Limón y llevarlo a Coveñas cuesta apenas tres dólares con 73 centavos.

Si se tiene en cuenta que el precio promedio al que se ha vendido este año ese mismo barril de petróleo es de 36 dólares, tenemos que la utilidad por cada barril es de 32 dólares y 26 centavos.

El contrato con Oxy se acababa en diciembre del año 2008. Una vez terminado el acuerdo el yacimiento revertiría a la nación. Los ingresos provenientes de la venta del crudo se quedarían en Colombia. El 20 por ciento se destinaría a las polémicas regalías a las regiones productoras, y el 80 por ciento restante correspondería a Ecopetrol, es decir a la Nación.

Con los bajos costos de producción y la calidad del petróleo de Arauca, Colombia se aseguraba un buen resultado. La infraestructura de explotación quedaría en manos del país.

Ya existen aquí la experiencia y el conocimiento necesarios para explotar el yacimiento sin la ayuda del asociado, es decir Oxy que por su colaboración, desde el inicio de la producción y hasta el año 2008, ha recibido y recibirá 40 centavos por cada dólar que ha vendido y venderá el campo.

Pero tal vez a alguien le pareció que era un negocio demasiado bueno para que quedara exclusivamente en manos colombianas.

En el año 2009 al yacimiento le quedarán 191,3 millones de barriles de crudo, como reservas probadas. Aumentar esas reservas obliga a unas inversiones que no se justifican, sencillamente porque hay que meter más plata de la que se puede sacar. Aún así, cosa curiosa, Occidental se ofreció a hacer un negocio que sobre el papel resultaba absolutamente ruinoso.

Para aumentar las reservas en apenas 1,7 millones de barriles, Oxy se comprometía a invertir 263 millones de dólares. Es decir cada barril de crudo recuperado costaría 154 dólares con 70 centavos. Una suma ridícula e irrecuperable porque ni aún en las fantasías del jeque más optimista se vislumbra que el precio pueda llegar a esos niveles.

¿Por qué Oxy, una empresa que ha demostrado en el mundo entero que sabe hacer dinero, se metió en un negocio tan malo? ¿Dónde está la bolita, como dicen los tahúres de feria?

Sencillo, en la extensión del contrato de Caño Limón. A cambio de la inversión para recuperar los menos de dos millones de barriles de carísimo crudo, Ecopetrol le entregó a la Oxy el 36 por ciento de todo lo que produzca el yacimiento desde el año 2009 hasta que se agote.

De los 193 millones de barriles que le quedarán como reservas al campo, Oxy recibirá el 36 por ciento. Es decir Colombia le entrega 69,48 millones de barriles. Recordemos que la utilidad promedio por cada barril de petróleo después de pagar los costos de producción y transporte es de 32 dólares con 26 centavos.

Si multiplicamos los barriles que le quedan a Oxy por la utilidad promedio por barril, tenemos que la multinacional hizo un negocio de 2.241 millones de dólares. Todo a cambio de una inversión sin riesgo alguno de 263 millones de dólares. Pero ahí no para la cosa.

La letra menuda del contrato aclara que de esos 263 millones de dólares, Oxy solo tiene el compromiso en firme de invertir 88,1 millones de dólares. Con lo cual Occidental logró mejorar un negocio inmejorable. Un gran tema para que el gobierno le explique al país. Copyright ©2000 Semana.com