Por explotación minera, 41.336 hectáreas de páramos, bosques, selvas y corales están en peligro

Domingo 22 de febrero de 2009

El Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) o sus equivalentes han otorgado licencias de exploración que afectan directamente a 15 parques naturales, protegidos por el Código Minero.

La amenaza corre por cuenta de un próspero sector que le está dejando jugosos dividendos al país: cerca de 15 billones de pesos anuales. Uno de los 44 permisos aprobados es el de la mina de oro a cielo abierto más grande de Latinoamérica, ubicada en Cajamarca (Tolima).

Allí, la empresa surafricana AngloGold Ashanti -que solo tiene permiso para actividades de exploración- realizó perforaciones y trabajos en zona de reserva. El Gobierno define hoy si hace una excepción y da vía libre a ese proyecto o si respetar las normas.

Otros casos son los del páramo de Rabanal, en Boyacá,en donde Acerías Paz del Río explota carbón y, para ello, ingresa maquinaria pesada en medio de la vegetación nativa; y los nueve títulos para que se busque uranio en el Parque de los Yariguíes, en el departamento de Santander.

Autoridades ambientales -como la Procuraduría y el Instituto Humboldt- advierten sobre el grave riesgo para el equilibrio ecológico que significan estos permisos.

Incluso, el ex Procurador Edgardo Maya dejó firmado un documento en el que urge a las carteras de Minas y Ambiente frenar de inmediato la entrega de licencias en esos lugares.

Choque en el Gobierno

Sin embargo, el director del Ingeominas, Mario Ballesteros, sostiene que aunque respeta las leyes ambientales, el desarrollo minero es fundamental para el avance económico del país: "Las firmas con permisos otorgados desde 1990 tienen derechos adquiridos que no se les puede quitar", dice.

Pero no todo el Gobierno piensa igual: "Como ministro no puedo permitir que unos mineros con fundamento en títulos expedidos contraviniendo normas superiores incrementen sus arcas y dejen a los pueblos sin agua", afirmó el jefe de la cartera de Ambiente, Juan Lozano.

Al respecto, María Isabel Vieira, del Humboltd, dice que de los 34 complejos de páramos (fábricas de agua) -2 millones de hectáreas- un 48 por ciento ya está afectado por la minería. Los más grave es que los páramos no están protegidos por la Ley.
La única manera de salvaguardarlos es que el Congreso decida eximirlos dentro de la reforma que le está haciendo a la Ley Minera o que se cumplan los tratados internacionales que sí los protegen.

En el entretanto, el sector minero está pendiente de la decisión del Gobierno en torno a la mina de Cajamarca, que marcará un derrotero en este pulso entre medio ambiente y desarrollo.

También está por definirse la aprobación de una nueva línea férrea en la que el Gobierno tiene que decidir si permite que atraviese 14 pueblos o si le exige a los concesionarios que inviertan 150 millones de dólares más para salvaguardar el medio ambiente.

Por ahora, Ingeominas anunció que enviará a expertos para que determinen si las exploraciones denunciadas están afectando parques naturales.

Tras dialogar con EL TIEMPO, Mario Ballesteros, director de Ingeominas, anunció que un grupo especial de esa entidad hará visitas de fiscalización a las áreas donde se han otorgado títulos.

"Si vemos irregularidades,compulsamos a la autoridad competente para que adopte las medidas a que haya lugar", aseguró y dijo que las inspecciones se iniciarán a finales de la próxima semana.

"Programaremos dos equipos, uno que irá al occidente y otro al oriente, y tendremos conclusiones a finales de marzo que serán entregadas a la Procuraduría", dijo.

Ballesteros añadió que si bien en su administración se han entregado títulos, han sido en zonas que bordean parques naturales.

Y aclaró que algunos permisos tienen medidas que no cuadran con los mapas de autoridades ambientales: "Hay diferencias en metros, pero cuando se detectan las corregimos".

En todo caso, advirtió que las firmas con permisos otorgados desde 1990 tienen derechos adquiridos que no les puede quitar. "La minería es una actividad pública regulada y si las empresas cumplen sus obligaciones se tienen que dar los permisos".

'Nos opondremos con vehemencia': Lozano

Juan Lozano, ministro del Medio Ambiente, dijo este viernes que está de acuerdo con la Procuraduría en detener la "peligrosa proliferación" de títulos mineros en zonas de parques naturales.

"Considera este Ministerio que esos títulos no les confiere ningún derecho de explotación y nos opondremos con vehemencia", afirmó.

Según Lozano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de parques y zonas de reserva forestal, extiende la restricción a zonas de importancia estratégica ambiental, como páramos que incluso tienen protección internacional.

"Como ministro no puedo permitir que unos mineros con fundamento en títulos expedidos contraviniendo normas superiores incrementen sus arcas y dejen a los pueblos sin agua", sostuvo.

Por último, dijo que aunque aboga por un ejercicio responsable de la minería, la cartera a su cargo promueve una modificación al Código de Minas en el Congreso para que los páramos sean excluidos de las zonas de explotación.

'Es una monstruosidad hacer minería en páramos'

Ambientalistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que aunque no se puede frenar la actividad minera en el país, Colombia debe tomar la opción de proteger sus reservas de agua.

"El tema de los páramos no es negociable. Es una monstruosidad que se esté pensando en hacer allí explotaciones mineras", dice el ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez.

Agrega que no hay contradicción entre el desarrollo y el medio ambiente.

"Al contrario, lo que argumentamos es que para el desarrollo del país la prioridad es el agua", asegura.

Por su parte, María Isabel Vieira, investigadora del Instituto Humboldt -líder en esta investigación- propone que se congele la entrega de títulos mineros y que los que ya están otorgados se mantengan pero no se renueven.

Vierira agrega que siendo la minería una actividad invasiva, debe pensarse en concertar unas agendas comunes entre la empresa privada, las autoridades ambientales y las comunidades para hacer del desarrollo minero algo menos impactante para el medio.

Sin embargo, reconoce que hay otras actividades distintas a la minera que producen daños a los ecosistemas, como el pastoreo y la agricultura, especialmente los cultivos de papa en los páramos.

'Cambiaron las reglas': Anglogold

La apoderada de la firma Anglogold Ashanti, Gloria Álvarez, sostiene que el MinAmbiente les cambió, sobre la marcha, las reglas de juego: "Cuando inició la exploración, no se necesitaba permiso ambiental para este tipo de trabajos, pero esa política varió y tuvimos que suspen- der las actividades en la mina La Colosa". Y añadió que la multinacional está a la espera de que ese Ministerio les permita seguir con las actividades de exploración o, en caso contrario, se irán de la zona.

"Entendemos el cambio de política, pero de ahí a decir que la firma violó la ley, hay una gran diferencia". También dijo que este proyecto generará 5.500 empleos directos e indirectos y demandará una inversión de 3 mil millones de dólares.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com.co

18 de Abril de 2007 -Concentración de propiedad, un problema

Tomado de PORTAFOLIO

Las dificultades del sector agropecuario parten del uso indebido del suelo o la subutilización del mismo, pues todo indica que si se cultivara de manera ordenada y planificada, el país no solamente sería autosuficiente en la mayoría de los productos de consumo, sino que mejoraría su competitividad frente a la presión de las importaciones, las cuales llevan varios años en ascenso.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la subutilización de los suelos se da por causas como la concentración de la propiedad, el abandono de tierras por desplazamiento, la falta de incentivos económicos, baja difusión y adaptación de tecnologías, economía agrícola poco diversificada y competitiva en el marco de la globalización, y un modelo de desarrollo que no privilegia ni lo agrícola ni lo ambiental.

Respecto a la sobreutilización de suelos, los investigadores identificaron las siguientes causas:

Proliferación del minifundio y el microfundio, especialmente en la región andina; concentración de la población ejerciendo mayor presión sobre los recursos naturales debido al aumento de la demanda de alimentos y servicios; procesos de colonización en regiones ambientalmente frágiles; sistemas de producción intensivos en zonas de ladera sin manejo y conservación de suelos, y altos índices de pobreza que obliga a las familias a extraer el máximo beneficio de sus pequeñas propiedades.

Los niveles de mini y microfundio son preocupantes. El 24 por ciento del área predial rural se encuentra en manos del 97 por ciento de los propietarios registrados en el catastro, dentro de los cuales predominan los predios menores a tres hectáreas.

18 de Abril de 2007 - Agro: medio país en fuera de lugar

Tomado de PORTAFOLIO

La concentración de la propiedad, el desplazamiento y la pobreza rural han aumentado las dificultades del sector agropecuario.

El sector agropecuario colombiano sigue sin rumbo definido. La ganadería ocupa buena parte de las zonas donde debería haber cultivos y bosques, en tanto que la producción agrícola se disputa el territorio con zonas de reserva forestal y de protección de agua.

El desorden en la distribución geográfica de la producción obedece a los altos de niveles de inseguridad, pobreza, desempleo, desigualdad social, carencia de vías, falta de tecnología, inexistencia de servicios públicos y deficiencia en el acceso a la educación y a la salud.

La producción pecuaria, en su mayoría vacuna, continúa su avance hacia la ocupación de tierras aptas para la agricultura, desplazando principalmente cultivos semestrales.

Y no es que la ganadería esté creciendo a ritmo acelerado, sino que esta actividad lleva varios años reacomodándose en las mejores tierras, sin que exista una política que garantice la seguridad alimentaria.

Cerca de 60 millones de hectáreas dedicadas a agricultura y ganadería se encuentran sobreutilizadas o subutilizadas.

'EMBESTIDA' GANADERA

De acuerdo con las cifras de Finagro, mientras a comienzos de los 90 más de la mitad del crédito se destinaba a capital de trabajo para cultivos de ciclo corto, hoy la mayor parte se orienta a actividades pecuarias, de las cuales el 90 por ciento corresponde a bovinos.

El desorden en la actividad productiva hace que 13,5 millones de hectáreas sean disputadas entre ganaderos y agricultores, en tanto que unos 18 millones de hectáreas estén subutilizadas al no ser explotadas acorde con su potencial productivo.

El caos del sector se evidencia en el mapa sobre Zonificación de tierras en conflicto de uso, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual esa entidad alertó al Ministerio de Agricultura en el 2002, sobre el avances del deterioro ambiental por sobreutilización de suelos, lo que a su vez ocasiona disminución de fuentes de agua, erosión, desaparición de flora y fauna y mayores riesgos de inundaciones, avalanchas y deslizamientos, entre otras amenazas. Este panorama no ha sido reversado en los últimos cinco años y por el contrario, el impacto negativo se ha intensificado.

SEMESTRALES EN DESCENSO
De acuerdo con el estudio, en el que también intervino la Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria (Corpoica,) y que está en manos del Gobierno, las regiones más afectadas son el centro del país y la Costa Caribe, donde coincidencialmente se concentra la mayor parte de la población colombiana.

Mientras algunas regiones se explotan en exceso, en otras se hace uso indebido o simplemente se deja de cultivar, a pesar de tener gran potencial productivo con lo cual se podría disminuir la presión existente en las zonas sobreutilizadas y mejorar la competitividad de la producción agropecuaria.

Esta situación ha contribuido a que cultivos transitorios como maíz, sorgo, soya, trigo y cebada reduzcan su área, generando un crecimiento de las importaciones de alimentos.

Aunque a comienzos del presente siglo se registró una recuperación del área sembrada en cultivos semestrales, a partir del 2005 el país regresó a los mimos niveles de la crisis de los 90, cuando se dejaron de cultivar 700.000 hectáreas como consecuencia de la apertura económica.

SE REDUCE EL AREA
Según un reciente análisis del Sistema de Información de Precios del sector Agropecuario (Sipsa), mientras hace 17 años la agricultura se desarrollaba en 4,6 millones de hectáreas, en la actualidad, la frontera agrícola sólo ocupa 3,3 millones de hectáreas, lo que indica que no solamente no se ha recuperado el territorio perdido, sino que cada vez hay menos tierra produciendo alimentos, lo que aumenta las importaciones, especialmente de granos.

De acuerdo con Sipsa, para los cultivos semestrales o transitorios, que en el 2006 ocuparon 1'324.392, el panorama no es el mejor, pues a pesar de que las proyecciones del Gobierno preveían una reactivación en comparación con el 2005, estos cultivos siguieron en descenso, al registrar una caída promedio de 4,7 por ciento, en el primer semestre, período con mayor intensidad en siembras.

La única actividad agrícola que ha venido compitiendo de manera exitosa con la ganadería es el cultivo de palma, pues en regiones como los Llanos y la Costa Caribe, ha logrado inclusive cambiar ligeramente el paisaje ganadero que las caracterizaba hasta hace unos años.

LA SOBREUTILIZACION
Y es que el uso equivocado de la tierra está llegando a niveles críticos. El 60 por ciento del área continental que ha sufrido la presión por la intervención del hombre, presenta conflicto en el uso, bien sea por subutilización o por sobreutilización en diferentes grados de intensidad. De este total, el 32,7 por ciento corresponde a exceso en el uso de los predios, en tanto que el 29,7 por ciento obedece a zonas con potencial productivo desperdiciado.

Las regiones donde se presentan las mayores extensiones de tierra sobreutilizada son en su orden la Andina (61 por ciento), Amazonia (12) y Caribe (10 por ciento).

"Casi la mitad del área cubierta con pastos, se ubica en las mejores tierras, las cuales tienen vocación agrícola, lo que las clasifica como zonas subutilizadas ligera o severamente".

Según los resultados de la investigación, el país tiene 23 millones de hectáreas sin ningún conflicto de uso agrícola o ganadero o en donde las actividades que se desarrollan son las adecuadas para esos predios. Esta porción de territorio equivale al 37,7 por ciento del área que ha recibido algún tipo de cambio por efecto de la mano del hombre.

Entre los predios utilizados de manera adecuada, sólo el 7 por ciento corresponde a agricultura, especialmente sembrados de café, palma de aceite, banano, frutales y algunos cultivos transitorios. La ganadería, por su parte, se desarrolla bien en el 29 por ciento de los suelos usados en forma adecuada.

POBREZA Y DESIGUALDAD
Los problemas de uso indebido del suelo son generados por diversas causas, pero según el estudio del Agustín Codazzi y Corpoica, las principales son la concentración de la propiedad, la desigualdad social, el desplazamiento, la falta de presencia estatal y los elevados niveles de pobreza. (ver nota anexa).

Para el Gobierno, el incremento en el área de cultivos permanentes es una señal de modernización y especialización de la producción acorde con las nuevas realidades del mercado internacional.

Sin embargo, las actividades productivas con más dinámica de crecimiento, incluida la ganadería, sin menos intensivas en mano de obra, en comparación con cultivos como algodón, papa, frutales de ciclo corto, verduras y hortalizas.

AMAZONIA Y PACIFICO, ENTRE LAS MEJOR CUIDADAS

A diferencia de otros países, especialmente los industrializados, Colombia mantiene el 48,8 por ciento de la superficie continental sin intervención del hombre, conservando su cobertura original, especialmente los bosques naturales de la Amazonía, la Costa Pacífica y los sistemas montañosos aislados.

Entre tanto, en la Costa Caribe, solamente el 2,3 por ciento de la tierra no ha sido intervenida por la mano del hombre, seguido de la región Andina. Sin embargo, buena parte del territorio costeño presenta problemas de subutiliza ción de los suelos, lo que genera ineficiencia en la producción y baja competitividad. La mayoría del territorio se utiliza para la producción ganadera, a pesar de su alto potencial agrícola.

Hay cuatro millones de hectáreas erosionadas

Las cifras lo dicen todo. El último informe del Igac, presentado hace cerca de siete años, indica que el 35 por ciento de los suelos colombianos se encuentra afectado por erosión, y el 4,3 por ciento del territorio evidencia procesos de desertificación, especialmente en los departamentos de La Guajira y Santander.

El país tenía a finales del pasado decenio, 4,3 millones de hectáreas con niveles de erosión entre severa y muy severa, en tanto que otros 12 millones de hectáreas presentaban grado moderado de erosión.

Lo anterior significa que ante la falta de medidas para evitar el uso indebido de los suelos, los problemas de erosión rondan en la actualidad a cerca del 40 por ciento del territorio nacional donde ha habido intervención del hombre.

Así mismo, la sobreexplotación del suelo ha generado cambios sustanciales en el paisaje del país, en zonas como los Llanos Orientales, el Eje Cafetero, la Sabana de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense y el norte del Tolima. En el cambio del paísaje también han influido fenómenos naturales como el deshielo de los nevados del Ruiz y del Huila.

REPORTAJE ...Y la tierra, ¿para quién?

Tomado de Revista Semana -Fecha: 02/28/2007

El proyecto de ley del Estatuto de Desarrollo Rural ha sido objeto de un gran debate. Algunos de los puntos más críticos son los relacionados con la extinción de dominio, restitución a desplazados, y legalización de tierras. Informe Especial de una decisión crucial.

Por Hechos del Callejón
 
La tierra es nuestra madre, dicen los indígenas. Y, en el caso de Colombia, el centro del conflicto armado. Así se ha evidenciado en las cuatro décadas de confrontación armada y, recientemente, en su posicionamiento como un recurso de poder por parte de los grupos armados ilegales.

Precisamente por reclamar esas tierras arrebatadas por grupos armados ilegales fue asesinada, el pasado 31 de enero, Yolanda Izquierdo, representante de más de 700 campesinos que hoy quieren que les devuelvan lo que les pertenece.

Y precisamente por ser el centro del conflicto y de otros grandes debates del país, en este momento cursa en el Congreso el proyecto de ley 30 de 2006, por medio del cual se busca dictar el Estatuto de Desarrollo Rural.

La iniciativa, que ya fue aprobada en Senado y en la actualidad es discutida en las sesiones extraordinarias del Congreso, ha sido objeto de un intenso debate por parte de la Procuraduría General, analistas, expertos en el tema y diferentes ONG defensoras de los derechos humanos.

¿Por qué? Porque el proyecto define la estructura económica del sector rural. Para el Gobierno, el objetivo del proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura es promover “las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector rural en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad”, según dice la exposición de motivos. Sin embargo, el foco de discusión es cómo definir dicha estructura y quiénes serán sus beneficiarios.

Así, por ejemplo, el Gobierno fundamenta la visión del desarrollo rural y la política de tierras en los procesos acelerados de liberalización comercial, internacionalización de la economía, el impulso del desarrollo empresarial y participación del sector privado y estatal. Para sus críticos, como la Procuraduría General, es vital dicha visión pero con la salvedad de que no puede ser el enfoque principal.

“El modelo que se define en el proyecto margina en la práctica al pequeño campesino, a las minorías étnicas del país y a la población desplazada, del goce efectivo del acceso a la tierra y de la obtención de subsidios para proyectos productivos y adecuación de tierras”, aseguró el procurador Edgardo Maya en carta enviada al ministro de Agricultura el pasado 18 de octubre.

Para el especialista y columnista Alfredo Molano, el proyecto busca acabar con la reforma del 36, que abrió la puerta para una reestructuración profunda en la tenencia de la tierra y que afectó principalmente a los terratenientes, según lo expuso el pasado 7 de febrero en la apertura de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, que en su documento ¿Una ley para quién?, de septiembre de 2006, planteó que el proyecto “modifica toda la legislación existente sobre desarrollo rural con un enfoque regido por el principio de la competencia que no corresponde ni tiene en cuenta las necesidades y el verdadero desarrollo de la población rural”.

En cuatro temas se podrían resumir los ejes de la discusión sobre cómo definir la nueva estructura económica rural:

1. Legalización de tierras


Uno de los artículos más controvertidos es el 122 en el proyecto original, el 157 que para sus defensores lo que busca es beneficiar a quienes por diferentes motivos no han podido legalizar sus tierras.

Aunque el artículo ha sufrido modificaciones -en las cuales el Gobierno ha estado de acuerdo- para evitar que las tierras queden en manos de quienes las han usurpado violentamente, sigue generando debate sobre si deja o no una puerta abierta para que esas tierras despojadas a los campesinos por grupos armados al margen de la ley sean legalizadas a favor de estos últimos.

El artículo reza: “Establécese una prescripción adquisitiva de dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los términos del artículo 120 de esta ley, durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo.

En el parágrafo del artículo 157 del proyecto original se estipulaba que la prescripción se suspendía a favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos. En la última versión de la iniciativa, el ahora artículo 122 tiene dos parágrafos en los cuales se añadió que se suspendía también a favor de los desplazados por la violencia, previa declaratoria de esta condición por parte de las autoridades competentes.

De la misma forma, se agregó que el Incoder “se abstendrá de adelantar procedimientos de clarificación, acreditación de propiedad o de la prescripción adquisitiva de dominio…si estos derechos se pretenden reivindicar o legitimar para encubrir actos que tienen origen en conductas de intimidación o violencia”.

A pesar de estos cambios en el artículo, los críticos insisten en llamar la atención sobre él. Así, por ejemplo, la Procuraduría, en la carta al ministro ya citada, planteó que así se haya incluido que el artículo no procederá cuando la posesión se obtenga por medios violentos, al no pedir los títulos como prueba de la posesión agraria se deja un modo de adquisición muy amplio que puede llevar a la legalización de tierras expoliadas o al lavado de activos.

Sin embargo, la Procuraduría reconoce que la medida también puede beneficiar a muchas personas que no han legalizado sus tierras.
Para la CCJ, el artículo desconoce el problema del desplazamiento en Colombia, ya que la ley no contempla ningún mecanismo para averiguar si los predios que se pretenden legalizar pertenecían o no a la población desplazada. Además, considera que el artículo no queda blindado frente a la posibilidad de que grupos armados al margen de la ley legalicen las tierras a su favor, ya que la única forma de probar que la tierra ha sido despojada violentamente es a través del Registro Único de Patrimonio –RUP-, instrumento que se encuentra desactualizado.

2. Subsidios y economía campesina

Las divergencias también han estado alrededor del artículo 40, en el que se establece un subsidio para la compra de tierras, el cual se otorgará a pequeños productores con arreglo a las políticas de elegibilidad y calificación que determine el Gobierno. En el artículo 42 se estipula que para la entrega de dicho subsidio los solicitantes deberán presentar el proyecto productivo que se adelantará en el predio para transformar las condiciones económicas de la población beneficiaria y convertirla en una suerte de empresarios del sector rural.

Los críticos advierten que debido a los criterios de rentabilidad, productividad y lógica empresarial bajo los cuales se otorgarán estos subsidios, los campesinos no serán sus reales beneficiarios, y que la mayoría de los beneficios irán a manos de los grandes productores.

Para el Gobierno, se prevén estos subsidios teniendo en cuenta que en la legislación vigente existe un mecanismo de adquisición de predios para reforma agraria que consiste en la negociación asistida entre campesinos y propietarios, pero que el pago de estas tierras prevé un subsidio estatal cuya operación ha determinado el encarecimiento de los precios en detrimento de los recursos públicos.

En este sentido, busca cumplir con el precepto constitucional de que el Estado debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Para lograrlo, dice el Gobierno, la iniciativa establece procedimientos de dotación de tierras para eliminar, corregir y prevenir la concentración de la tierra y beneficiar así a los campesinos, a las minorías étnicas, a los minifundistas y a los profesionales del sector agropecuario.
Sin embargo, el procurador Maya, en la carta al ministro, establece que aunque se contemplan beneficios -como los subsidios- para los pequeños productores, al mismo tiempo existen en el articulado mecanismos que terminan por darle prioridad a unos proyectos productivos. En la práctica, dichos mecanismos negarán a las comunidades campesinas la posibilidad de acceder a los subsidios porque quedarán excluidos quienes no escojan productos priorizados o no tengan los medios económicos para diseñar un esquema productivo aprobado por el Incoder.

Además, la Procuraduría advierte que los subsidios quedan supeditados a la existencia de proyectos macro productivos, que no corresponden a las circunstancias reales de los campesinos desplazados y comunidades étnicas en cuestión de recursos, conocimiento y capacidad de endeudamiento. Terminan siendo subsidios de carácter empresarial ajenos a los campesinos.

Alfredo Molano, en su columna “Manual de trampas”, del pasado 14 de octubre, en El Espectador, plantea el riesgo de que los subsidios que entregue el INCODER sean para quienes presenten los mejores proyectos de acuerdo a criterios de productividad, rentabilidad y competitividad. Por lo tanto, dice, el Estado terminará financiando a los empresarios ricos y a los que tengan mayor poder político local.

Por otro lado, Camilo González, de Indepazg, plantea que es una ley con una visión unilateral del desarrollo que parte del supuesto de que la economía campesina o de pequeña escala es ineficiente para proveer el mercado interno de alimentos, ya que desconoce que el 65% de los bienes básicos de la canasta familiar son proveídos por el pequeño productor rural, según su documento “Ley racista y anticampesina”, del 13 de diciembre de 2006.

3. Extinción de dominio y restitución a desplazados

El destino de las tierras provenientes de procesos de extinción de dominio y el debate en torno a si son aptas o no para entregarlas a los desplazados ha sido otro de los temas de discusión.

Específicamente en el artículo 115 se establece que se “dará prioridad en la adjudicación de tierras a los desplazados por la violencia en las zonas de reserva campesina y en los predios rurales que hayan sido objeto de los procesos de extinción de dominio”.

El Gobierno ha establecido que los bienes de extinción de dominio se constituyeron legalmente en fuente de tierra para una reforma agraria y que, en este sentido, el Incoder dará prioridad en la adjudicación de estas tierras a los desplazados por la violencia.

¿Qué tipo de tierras se les debe entregar a los desplazados? Para el Procurador, la respuesta es una, como lo afirma en su misiva al ministro de Agricultura: “Solamente en caso de no ser posible la devolución de sus territorios y siempre que sea aceptado de manera voluntaria, libre e informada, se podrá proceder a la entrega de otras tierras que deben ser de igual calidad y estatus que las perdidas”.

Al respecto y según los principios rectores del desplazamiento, sólo en última instancia se les debe dar a los desplazados un territorio diferente a la tierra que les fue arrebatada, dice la CCJ. No obstante, en el proyecto se establece, como primera medida, adjudicar territorios objeto de extinción de dominio, muchos de los cuales, advierte la Comisión, han sido catalogados como improductivos.

Para la Comisión, una política de reparación a la población desplazada (particularmente en el tema de tierras), en la cual se priorice un mecanismo diferente al retorno o la restitución, es una negación del derecho a la tierra y una vulneración a sus derechos de restitución.

4. Comunidades indígenas y afrodescendientes


Otro importante tema de discusión es el relativo a las comunidades indígenas y afrocolombianas, particularmente relacionado con el derecho a su territorio y al reconocimiento de sus diferencias.

Sobre el derecho a su territorio, el artículo 57 establece que no se autorizarán o subsidiarán los procedimientos de negociación directa para adquisición de tierra si los predios están invadidos, ocupados de hecho o perturbados por la violencia.

El debate en torno a este artículo se centra en que puede convertirse en una limitante de acceso a la tierra para campesinos e indígenas que han habitado en un determinado territorio no legalizado y que después busquen su titulación. Molano, por ejemplo, en su mencionada columna, plantea que el articulado pretende invalidar las luchas de los indígenas por sus territorios.

Teniendo en cuenta la lucha que protagonizan los indígenas del Cauca por el derecho a la tierra, el senador indígena Ernesto Estacio ha manifestado en sus intervenciones en el Congreso que los pueblos indígenas rechazan todo tipo de violencia, no reivindican sus derechos territoriales a través de la misma y, por el contrario, han logrado la recuperación de sus territorios “a mano limpia”.

Sobre el reconocimiento del derecho a la diferencia que reivindican las comunidades étnicas y afrocolombianas, el Gobierno establece en el proyecto que el desarrollo rural reconoce y protege la diversidad, la cual se expresa, entre otras, en el uso, tenencia y manejo de la tierra.
Sin embargo, la Procuraduría le expresó al ministro de Agricultura que se desconoce dicho derecho al tratar de ajustarlos a un modelo de desarrollo occidental ajeno a sus costumbres y al tratar de convertirlos en empresarios del sector rural.

El debate en torno a estos cuatro temas no pretende, dicen los expertos, oponerse a la modernización del sector agropecuario para competir en los mercados internacionales. Por el contrario, busca estudiar de qué manera, de acuerdo con la Constitución, se implementan acciones que acaten el desarrollo de los principios de igualdad y diferenciación a favor de campesinos, afrocolombianos, desplazados e indígenas.

De lo que se trata es de proteger los bienes de la población en riesgo de desplazamiento, garantizar la restitución de los bienes patrimoniales de los que ya fueron desplazados y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de indígenas, afrocolombianos, campesinos y desplazados, respetando sus diferencias y su forma de relacionarse económica y culturalmente con la tierra.

*Artículo de Hechos del Callejón, revista del PNUD que circula este jueves 1 de marzo.

Febrero 19 de 2007 - Después de nueve años, Colombia volvió a tener déficit en su comercio exterior

Tomado de El Tiempo

Fue de 143 millones de dólares. La situación (en que las importaciones superan a las exportaciones) no se presentaba desde 1998. Podría tener efectos en la estabilidad de la economía.

El déficit del comercio exterior colombiano en 2006, según el Dane, se presentó luego de haber llegado a un superávit de 1.391 millones de dólares en el año inmediatamente anterior (2005). Incluso, en el año 2000 el superávit fue de 2.160 millones de dólares.

De acuerdo con el Dane, las importaciones llegaron en 2006 a 26.162 millones de dólares, con un aumento de 23,4 por ciento, mientras que las exportaciones fueron 24.391 millones, con un aumento de 15 por ciento.


Diferentes analistas han advertido que con el déficit comercial se está incrementando de nuevo el déficit de cuenta corriente, lo que constituye un riesgo para la estabilidad de la economía colombiana.

La cuenta corriente mide la diferencia entre el dinero que sale y el que entra al país por exportaciones e importaciones de bienes (balanza comercial), exportaciones e importaciones de servicios, utilidades de empresas colombianas en el exterior y de empresas extranjeras en Colombia o giros de trabajadores a sus países de origen.

El déficit comercial viene impulsado por el fuerte aumento de las importaciones mientras las exportaciones no crecen al mismo ritmo.

Incluso, varios expertos han advertido de los riesgos de que los precios de las materias primas como las que exporta Colombia se vengan abajo luego de varios años de estar relativamente altos.

El riesgo de que aumente el déficit en cuenta corriente radica en que si por un choque externo se interrumpe el flujo de dólares que llegan del exterior.

De esta manera, no hay divisas para mantener el ritmo que traían las importaciones, lo que podría significar una caída en el consumo de las personas, "que en la mayoría de los casos es recesiva para la economía", comenta el departamento de Investigaciones Económicas y Estratégicas de Bancolombia.

Sin embargo, los analistas de Bancolombia señalan que, a diferencia de los años 90, hoy hay una situación más sana pues el déficit actual está más relacionado con la inversión y no con crecimiento de la deuda, y se financia con inversión extranjera para la producción y no en inversión especulativa.

De todas maneras, advierten que crisis en otros países podrían "presionar la salida masiva de capitales y con ello elevar la probabilidad de hallarnos en una coyuntura altamente desestabilizadora para nuestra economía".

Según el Dane, Colombia realizó exportaciones por 10.000 millones de dólares a E.U. el año pasado, frente a unos 8.500 millones en el 2005, un incremento del 17 por ciento.

Sin embargo, se ha llamado la atención sobre el hecho de que las ventas de bienes no tradicionales retrocedieron, que son precisamente los que vienen buscando abrirse espacio dentro del Tratado de Libre Comercio, TLC.

Feb 17 2007 - Por TLC, fármacos subirían hasta 40%

EL País de Cali 

Colprensa y Redacción

Los más perjudicados serían los enfermos de sida, ya que sus tratamientos se encarecerán en más del 42%, denuncia Ifarma. Por su parte, Asinfar asegura que el pacto favorecerá el monopolio de las multinacionales. Gobierno insiste en que el acuerdo no generará alzas.

Nuevas críticas al Tratado de Libre Comercio, TLC, firmado con Estados Unidos, surgieron ayer desde varios sectores, los cuales afirmaron que con el acuerdo se dispararán los costos de los medicamentos, especialmente para tratar enfermedades catastróficas como el sida y el cáncer.

Según Miguel Ernesto Cortés, consultor de la Fundación Ifarma, de aprobarse como fue firmado el texto del TLC más de 12.000 enfermos de sida verían reducida su esperanza de vida entre 5,3 y 9,9 años, ya que los costos de los antirretrovirales (ARV) que deben tomar aumentarían 42%.

Cortés advirtió que lo anterior se daría como resultado del aumento en 81% del monopolio de las multinacionales en ese segmento. Además, se produciría un alza en los precios de los ARV de 42%, lo cual implicaría un gasto extra de US$13 millones.

En lo referente a los pacientes con VIH, aceptar una aprobación del texto del TLC significaría, afirma Cortés, reducir la cobertura de un 80%, que es el mínimo que se propone el Gobierno en esta materia, hasta 47%, estadísticas que están contenidas en un estudio que acaba de culminar la fundación y que fue presentado ayer durante una audiencia pública en el Congreso.

El dato clave
El capítulo de propiedad intelectual en el campo de los medicamentos fue uno de los más complejos durante la negociación del TLC con Estados Unidos, en especial por el tema de las patentes en favor de las multinacionales.


MÁS CRÍTICAS. De acuerdo con los Senadores Camilo Sánchez y Cecilia López, se trata de cifras preocupantes, y enfatizaron en que el gobierno no puede exigir que el texto del acuerdo deba ser aprobado lo antes posible.

Por su parte, Alberto Bravo, presidente de Asinfar, el gremio de los laboratorios nacionales, afirmó que con el TLC los precios de los medicamentos de alto costo se incrementarán en un 40% de aquí al 2012, reduciendo aun más las posibilidades de que estos productos puedan ser adquiridos por personas de escasos recursos.

Señaló que la situación es muy grave, ya que con los precios de hoy el sistema de salud público y privado está prácticamente quebrado.

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, señaló que “no habrá alzas en los medicamentos por causa del TLC”, ni los colombianos dejarán de tener acceso a los productos básicos para la salud.

El número

5 millones de personas de menores recursos en Colombia no tendrían acceso a los medicamentos, asegura el empresario Germán Holguín.

Feb 13 2007 - ¿Por qué la urgencia con el TLC? / Mauricio Cabrera Galvis - Consultor privado

Tomado de Portafolio

Suscita muchas preguntas la urgencia del gobierno de que se 'discuta' en el Congreso el TLC. En noviembre del año pasado presentó el proyecto de ley para la aprobación del texto negociado, pero no esperó a tramitarlo en las sesiones ordinarias que comienzan en marzo, sino que citó a extraordinarias y además envió mensaje de urgencia para que este proyecto tuviera prioridad absoluta sobre otros temas, incluyendo el Plan de Desarrollo. Lo que se busca es la aprobación a pupitrazo limpio, como se hizo con la última Reforma Tributaria, de un tratado cuyos costos para el país son inmediatos y evidentes, y cuyos beneficios son sólo posibilidades para el futuro que nadie sabe si se concretarán.


Contrasta esta premura con el rechazo de Uribe a la posibilidad de que el Congreso analizara en detalle el contenido del TLC y fijara pautas y directrices para su negociación. En efecto, en el 2004 parlamentarios del Partido Liberal presentaron un proyecto de ley para que el Congreso colombiano tuviera la misma participación que tiene el norteamericano en las negociaciones de los acuerdos comerciales, de manera que el Gobierno y los negociadores tuvieran que rendirle cuentas al Congreso, tal como lo tienen que hacer en los Estados Unidos. El Presidente ordenó hundir ese proyecto y las negociaciones se mantuvieron en un círculo cerrado con informaciones esporádicas y parciales a la opinión pública.


Lo que ahora se presenta al Congreso no es la posibilidad de debatir el contenido del TLC, aprobando las cláusulas que considere convenientes y rechazando las que sean perjudiciales para el país, sino la votación de tres 'articulitos' para ratificar la totalidad del texto del Acuerdo. De nuevo contrasta esta disyuntiva de todo o nada con la posición del Congreso norteamericano -en su legítimo derecho de defender los intereses de su país así no coincidan con los nuestros-, de no aprobar a ciegas la totalidad del TLC sino de exigir modificaciones en los temas laborales y ambientales que consideran desfavorables para ellos.


En este contexto, ¿por qué correr a aprobar en Colombia un texto que los Estados Unidos consideran que no es definitivo sino que requiere correcciones? ¿Después que se hagan los cambios, el TLC deberá volver al Congreso para una nueva aprobación? La respuesta ingenua del gobierno es que no va a haber cambios al texto sino sólo unos anexos o cartas adjuntas, ¡como si estas no modificaran el contenido del Acuerdo! Sería irresponsable de parte del Congreso aprobar un texto que no es definitivo.


También ha dicho el gobierno que Colombia debe aprobar rápido el TLC -así tenga cambios posteriores porque en junio vence la prórroga a las preferencias arancelarias del Atpdea para nuestras exportaciones a E.U. Pero la realidad es que el Partido Demócrata, que ahora controla el Congreso de ese país ha mostrado su rechazo a los TLC y, por el contrario, ha manifestado que está dispuesto a estudiar una nueva extensión incluso indefinida a esas preferencias. ¿Por qué el Gobierno y los gremios no dedican su cabildeo en Washington a buscar esa merecida prórroga, que facilita el acceso de nuestras exportaciones al mercado norteamericano sin ninguna contraprestación, en lugar de luchar contra la opinión de la mayoría demócrata?


En el frente interno también hay interrogantes por resolver antes de aprobar el TLC. Por ejemplo, en el campo fiscal, los estudios del DNP y el Confis reconocen que el TLC disminuirá los recaudos tributarios entre 350 y 500 millones de dólares anuales, pero la exposición de motivos del proyecto ni menciona este hecho, violando el mandato de la Ley 819/03 que establece la obligación de que todo proyecto de ley debe incluir el análisis de su costo fiscal y la fuente de ingresos adicional generada para financiarlo.


Finalmente, la articulación con el Plan de Desarrollo. ¿No es más lógico que el Congreso debata y apruebe primero el nuevo Plan de Desarrollo, que debe ser la hoja de ruta básica para todas las políticas económicas y sociales, y después estudie la forma como el TLC debe integrarse dentro de ese Plan? Decían las abuelas que de la carrera no queda sino el cansancio, y de la urgencia por aprobar el TLC no quedará sino una política económica desarticulada.

Enero 22 2007 La eutanasia al Seguro Social

Tomado de Semana On Line

La intervención del gobierno de la EPS pública plantea varios interrogantes: ¿Cómo se llegó a esta situación?, ¿fue oportuna?, ¿es una buena opción?

Esta podría ser la historia clínica de la más grande empresa de salud del país.


Nombre del paciente: Instituto del Seguro Social (ISS)

Fecha de nacimiento: 1946

Síntomas: Atención ineficiente e inoportuna de los pacientes

Las inquietudes de los usuarios

Origen del mal: Corrupción, alta dosis de politiquería, mala administración y un sindicalismo miope que le fueron administrados prácticamente desde pequeño

Diagnóstico: Burocritis aguda

Tratamiento sugerido: Buscarle una muerte digna

Ante semejante dictamen, en el gobierno a cada uno le tocó hacer lo suyo. El presidente Álvaro Uribe ofició como sacerdote que, con el anuncio de querer liquidar el Seguro, era como si le estuviera imponiendo los santos óleos a la entidad. El ministro de Protección Social, Diego Palacio, fue el médico de turno al que se le acabaron los paliativos y ahora tiene que inducir su muerte (no puede acabarlo, pues la ley impide su liquidación). Y la tarea más ingrata, la del político José Renán Trujillo, hoy superintendente nacional de Salud, a quien le correspondió desconectar los aparatos que le daban una vida artificial al paciente. Esto sucedió el lunes pasado, cuando anunció que por falta de capacidad financiera, le retiraba la licencia de funcionamiento a la entidad, lo que le impide afiliar más personas.

En esencia, el tratamiento aplicado para buscar que la entidad lentamente descanse en paz consiste en reestructurarla, separando las administradoras de riesgos profesionales (ARP) y de pensiones del negocio de la salud, es decir, de la Empresa Promotora de Salud (EPS), que es la que más líos tiene. El primero irá a manos de La Previsora, la aseguradora del Estado. Las pensiones quedarán, mientras se reforma la ley, en el antiguo ISS. Mientras la EPS pasará a una entidad nueva en la que seis cajas de compensación familiar (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfandi y Comfenalco Valle y Antioquia) tendrán el 50 por ciento más una acción, y La Previsora, el restante.

Pese a lo intempestivo, el anuncio no causó tanta sorpresa. La dramática situación del ISS se conocía hace años. Casi sin excepción, los gobiernos que tuvieron a cargo el Seguro aportaron a este desenlace.

La época de abundancia de inicios de los años 90, cuando la entidad llegó a los ocho millones de afiliados, se administró mal. Hicieron su agosto políticos y funcionarios corruptos ante la impotente mirada de miles de trabajadores comprometidos con la entidad. Con 40.000 empleados fue quizás el mayor fortín burocrático del país, a la par que sus sindicatos lograban prebendas absurdas vía convención colectiva.

A finales de la década, una sanción por la demora en sus pagos y deficiente servicio provocaron una desbandada de 2,5 millones de afiliados -la mitad de los que tenía en ese momento-, que se fueron a las EPS privadas. La reacción del gobierno de Andrés Pastrana tardó dos años, pero el ISS estaba herido de muerte. Además, quedó con la pesada carga de más de 44.000 pacientes de los llamados de alto costo, por ser los de más edad o de enfermedades como cáncer y sida.

La estocada final vino de medidas que paradójicamente buscaban salvarlo. Como la escisión de las clínicas de la aseguradora. La idea era que la EPS se especializara en asegurar y las clínicas y hospitales (IPS) se dedicaran a atender la gente. Para esto se organizaron siete Empresas Sociales del Estado (ESE).¿Por qué salió el tiro por la culata? Porque la politiquería se coló en las nuevas entidades. La burocracia se instaló en ellas y hubo irregularidades en contratación. El año pasado, por ejemplo, por esa razón fue liquidada la ESE José Prudencio Padilla, que atendía la Costa Atlántica.

A pesar de que la fórmula para las ESE no funcionó para salvar el Seguro, sí le permitió al gobierno reducir su nómina (hoy tiene cerca de 6.000 empleados) y debilitar el otrora poderoso sindicato. Todo esto facilitó las medidas tomadas la semana pasada.

¿Se hizo a tiempo? ¿Los ajustes ahora sí serán su tabla de salvación? El Ministro de Protección Social dijo a SEMANA que diferentes situaciones jurídicas les dificultaban actuar antes. La inquietud es que esos dos años de funcionamiento de las ESE sirvieron de contentillo a gamonales políticos en las regiones, algunos hoy investigados por supuestos vínculos con grupos ilegales. Palacios es enfático en decir que el gobierno ha liderado las investigaciones por corrupción en estas entidades y no le ha temblado la mano para sancionarlas.

Por ahora la alianza con las cajas de compensación ha sido de buen recibo. Tienen imagen positiva en calidad de servicio y transparencia, los dos temas que más expectativa generan de la nueva entidad.

Esto es un buen punto de partida si se respeta el acuerdo que existe con el gobierno de que ellas tendrán la administración de la nueva entidad. Pero las cosas pueden no ser tan fáciles para el gobierno. A pesar de que el anuncio se hizo en un momento en que el Congreso no está reunido, para evitar la presión política, ya se escucharon voces que le exigían al Presidente revisar el acuerdo con las cajas. Aducían el carácter público que debería primar en la nueva entidad. Sin embargo, en muchos quedó el tufillo de que el interés real era por la burocracia que pierden con la nueva EPS. La reacción de las cajas no se hizo esperar: "O el gobierno respeta el acuerdo, o no le jalamos", dijeron algunos de sus voceros el pasado fin de semana. Su incomodidad venía de atrás con algunas publicaciones que daban como un hecho que una parte de los empleados del antiguo ISS pasaría a la nueva entidad, algo que tampoco está previsto.

Las EPS privadas también se pronunciaron buscando sacarle el cuerpo a que les lleguen pacientes de alto costo a sus entidades. El Ministro contuvo la rebeldía advirtiendo que quien discrimine, será sancionado. Estas situaciones, con sólo una semana de anunciado el cambio del Seguro, dejan ver que aún falta superar más de un escollo.

El Ministerio de Protección ha sido diligente en tranquilizar a los usuarios del ISS para que no se cambien de EPS con la expectativa de un mejor servicio. Aun así, persisten algunas inquietudes. ¿Qué va a pasar con los antiguos empleados del ISS? ¿Cómo se va a evitar que la politiquería llegue a La Previsora, muy atractiva ahora por los recursos que va a manejar? De salir las cosas bien, el gobierno no sólo se anota el hit de resolver el tema de la mayor entidad pública de salud del país, sino que le quita la presión política que tendrá en el futuro reformar el tema de las pensiones, que cada vez es un hueco más grande en las finanzas del país. Mientras respete los acuerdos con las cajas, todo parece indicar que el nuevo Seguro comenzará su vida con pie derecho. Además, es importante tener en cuenta que en cualquier caso, la entidad que quede no es un fin en sí misma, sino un medio para traer mayor bienestar a los colombianos

 

Opinion - Tres rutas a la impunidad Por Daniel Coronel

Tres rutas a la impunidad

El absurdo normativo es tan grande, que los criminales tienen ahora la atribución de absolver a sus socios

Por Daniel Coronell

El proceso judicial por la para-política está a punto de extraviarse. Por tres vías diferentes está caminando hacia la impunidad. Primero, el principal testigo de la infiltración paramilitar en el DAS no quiere seguir declarando. Segundo, dos de los magistrados de la Sala Penal, que con valor han emprendido la investigación, terminarán su período en los próximos meses. Y tercero, las deliberadas limitaciones de la llamada Ley de "Justicia y paz" están permitiendo a los cabecillas del paramilitarismo concentrar sus confesiones en los muertos, para que los vivos sigan libres y ayudando.

Rafael García, ex jefe de informática del DAS y detenido por borrar antecedentes de narcotraficantes, se rehúsa a continuar declarando contra el ex director Jorge Noguera. García teme por su vida y por la seguridad de su familia y sostiene que la Fiscalía no le ha brindado la protección necesaria. A la sombra de esa situación, Noguera puede salir indemne o procesado por un delito menor.
Así se perdería, tal vez de manera definitiva, la pista del fraude electoral auspiciado por el paramilitarismo en el año 2002. Tampoco se sabría el alcance de la penetración de 'Jorge 40' en la central de inteligencia del Estado. Ni cuál fue la participación real de funcionarios públicos en la elaboración de listas negras de personas que fueron asesinadas por los paramilitares. Para no hablar de la millonaria corrupción administrativa en la entidad que, según Rafael García, también beneficiaba a jefes de las autodefensas.
Por eso resulta inexplicable que la Fiscalía no le dé al testigo detenido las garantías que pide.
Los relevos en la Corte Suprema de Justicia tampoco ayudan al proceso. Dos magistrados de la Sala Penal, Álvaro Orlando Pérez y Marina Pulido, terminan su período en junio. Las personas que los reemplacen serán elegidas por la propia Corte, pero de listas presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Esto quiere decir, entre otras cosas, que José Alfredo Escobar Araújo participará en la decisión. El magistrado de los botines, el mismo que recibía regalos del lavador italiano de Salvatore Mancuso, propondrá quiénes deben ser los jueces que procesarán a los aliados políticos de Mancuso y compañía.
El magistrado Escobar Araújo que, pese a todas las evidencias públicas sobre su relación con Giorgio Sale, no quiso renunciar a la magistratura, tampoco se declarará impedido en este asunto.
El tercero de los caminos a la impunidad se está construyendo con las versiones que empiezan a entregar los paramilitares amparados por la vergonzosa Ley de "Justicia y Paz".
Ningún observador puede pasar por alto la estrategia usada por Salvatore Mancuso para proteger a sus aliados. Entre los militares recuerda solamente a personas fallecidas, o ya condenadas, y entre los políticos menciona a todo el mundo. Si todos somos monstruos, nadie es monstruo.
Los vacíos en la ley permitirán que Mancuso se salga fácilmente con la suya. Sus declaraciones, y las de los demás paramilitares, no tienen como propósito contribuir a la verdad, sino ocultarla. De esta manera conservarán intactos los aliados que tuvieron -y siguen teniendo- en la legalidad. El absurdo normativo es tan grande, que los criminales tienen ahora la atribución de absolver a sus socios.
Lo más grave de todo es que el proceso de la para-política se ha empezado a morir, sin haber nacido del todo.
Los políticos mencionados hasta ahora no son los únicos involucrados, y tampoco los más importantes. El paramilitarismo no operaba solamente en los departamentos de la costa, ni eran costeños todos sus aliados.
Ojalá no fuera así, pero todo indica que está en marcha una ley de perdón y olvido no declarada.