Economía de los Cultivos Ilícitos. Recapacitando sobre el narcotráfico. Por Salomón Kalmanovitz

El Espectador, Julio 2006
Economía de los cultivos ilícitos
Recapacitando sobre el narcotráfico

Por Salomón Kalmanovitz
Hace 15 años que no trabajaba el tema del narcotráfico. Al refrescarlo, me encontré con cambios muy grandes, en general, cambios de fondo en su economía política. Hoy se conocen mejor las características del negocio gracias a los estudios basados en encuestas elaborados por la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU.

La magnitud del negocio se ha reducido notablemente. Medida por las utilidades repatriables que genera la exportación de cocaína, el investigador Ricardo Rocha anota un descenso entre su máximo alcanzado en 1987, el 5% del PIB de Colombia, hasta 0.8% del PIB en el año 2004. Lo que sucedió entre estas dos fechas fue la destrucción de los grandes carteles colombianos y su salida de la distribución mayorista de la droga en California, la Florida y Nueva York, algo que le reportaba el grueso de las utilidades y que pasó a ser controlado por las mafias mexicanas. El proceso se hizo evidente en las tasas de criminalidad en el norte de México y la llamada “colombianización” de esa región.

La heroína, nueva droga de los traficantes colombianos, nunca alcanzó un desarrollo comparable al de la cocaína; se calcula que las utilidades repatriables de su tráfico descendieron del 0.6% del PIB en 1997 al 0.1% del PIB en 2004. Las dos actividades sumadas darían, pues, el 0.8% del PIB, algo así como 800 millones de dólares al año. En 2005 hubo una nueva expansión de 30.000 hectáreas sembradas de coca (deduciendo erradicación por fumigación y manual) que pudo hacer llegar el monto posible de utilidades a unos 1.100 millones de dólares.

La estructura del negocio durante su auge se basaba en la producción de la materia prima en Perú y Bolivia, su procesamiento en Colombia y su distribución en los mercados de Estados Unidos y de Europa. Al ser reprimido el cultivo en Perú y en Bolivia, éste se trasladó a Colombia protegido por grupos ilegales, a la vez que su exportación a México y Brasil era llevada a cabo por grupos atomizados de traficantes, algunos asociados a los combatientes. Ello permitió el financiamiento de ejércitos irregulares y explica la notable expansión tanto de las Farc como de las Auc en los años noventa. El secuestro fue otra fuente de financiamiento para las Farc. Valdría la pena preguntarse cómo se reparten entre narcos, insurgencia y paramilitares; respuesta que requiere un análisis de la geografía del cultivo, superpuesta a la del control territorial.

Caída del negocio

Las cifras sobre los cultivos de coca en Colombia alcanzaron su máximo en el año 2000, 163.000 hectáreas. Y se fueron reduciendo hasta alcanzar 80.000 en 2004 por la fumigación de las grandes concentraciones. La cifra para 2005 fue de 110.000 hectáreas, resultado de los cultivos que invadieron nuevas tierras y el Parque de la Macarena en unidades de cultivo pequeñas, difíciles de detectar. El valor agregado (utilidades más salarios), en los cultivos que reporta Rocha, es de US$600 millones en 2002 y US$366 millones en 2004. El Economist informaba que los precios de la cocaína en las calles de Estados Unidos reaccionó frente a la escasez con un incremento del 19% en el precio al detal y una pérdida de pureza del 15%. Los precios de la hoja de coca en el país están a niveles muy bajos.

Si las Farc vieron reducidos no sólo los recursos por su protección a los cultivos y su tráfico de cocaína, sino también los de extorsiones a las familias de secuestrados, gracias al desmantele o debilitamiento de sus frentes que rodeaban a Bogotá, Medellín y Cali, podremos entender que esté en una fase de reestructuración.

Sandro Calvani, director de la Unodc para Colombia, decía que en verdad el problema del narcotráfico se había reducido en el país, comparado con el que enfrentaron Turquía, Camboya y Tailandia, que habían logrado éxitos al combatirlo frontalmente, pero que acá parecía no haber voluntad política para liquidarlo. Y queda la inquietud flotando en que si el financiamiento de la guerra contra la insurgencia ha dependido tanto de los recursos provistos por el mismo tráfico de drogas a las Auc, que en los aportados por los contribuyentes norteamericanos, mediante el Plan Colombia, o finalmente por los contribuyentes colombianos (2.5% adicionales del PIB entre 1990 y 2005) y, en especial, por los más beneficiados en la defensa de sus derechos de propiedad quienes han tributado mucho menos.

Lo cierto es que el financiamiento del conflicto interno por la actividad criminal y por Estados Unidos son mutuamente excluyentes: pueden conducir a un grave choque político de imprevisibles consecuencias.